El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acompañado por el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Ernesto Samper, instaló la comisión que investigará los hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2014 y en la que el organismo regional no participará pero acompañará a través de la participación de los expresidentes Leonel Fernández, de República Dominicana; José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y de Martín Torrijos, de Panamá.
En la instalación de la llamada Comisión por la Verdad y la Justicia no participó la oposición, pues dijo que la invitación fue hecha por el presidente a través de la televisión, sin usar los caminos formales de convocatoria.
El grupo estará encabezado por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz y participarán diputados oficialistas y varios funcionarios públicos. Según Maduro, fueron invitados cuatro diputados opositores que no asistieron.
Maduro dijo que la oposición tiene "grandes presiones" de la Embajada de Estados Unidos y de "corrientes golpistas del Pentágono y el Comando Sur para que no se incorpore".
Mientras, el jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, negó que a la instalación fueran convocados legisladores antichavistas. "No asistiremos a una reunión que nos convocaron por televisión y no tenemos idea de qué se trata", agregó.
Contó, además, que habían solicitado una reunión con Samper para que éste les explique de qué se trata la comisión y evaluar la situación del país ante la posición del Ejecutivo de rechazar todas las leyes aprobadas por el Parlamento, la más reciente, la ley de amnistía nacional.
Por su parte, el secretario general de Unasur dijo que no se pronunció sobre la ley de amnistía ni tampoco comentará el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró esa norma inconstitucional.
Por su parte, las Naciones Unidas cuestionaron ayer que se haya declarado la inconstitucionalidad de la amnistía, aprobada por la mayoría opositora en la AN para buscar la liberación de los dirigentes políticos presos como Leopoldo López.
"La ley, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de este año, podría haber servido de base para un camino de diálogo y reconciliación", indicó Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En tanto, el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, acusó ayer al Gobierno de condicionar la entrega de ayudas sociales al rechazo de la amnistía. "Régimen malandro (delincuente) obligando a la gente a firmar planilla de rechazo a Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para entregar bolsa de alimentos", escribió el parlamentario en Twitter.
Aseguró que Maduro "saboteará cualquier iniciativa opositora a través del alto mando militar, el TSJ, el poder electoral y la Fiscalía.
| Agencias AFP, DPA y EFE |
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