Al menos 34 trabajadores de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) en Puerto Ordaz fueron apartados de sus cargos por votar a favor de la oposición, informó el diario local Diario del Caroní, que publicó además un comunicado hostigador donde se divulga la identidad de todos esos empleados bajo el rótulo de "traidores fuera de nuestra institución".
El documento agrega que "quienes no son que demuestren lo contrario. Y los que faltan, vamos por ustedes".
El jueves pasado, cuatro días después de la histórica derrota electoral del chavismo en las urnas, los directivos de la mayoría de las empresas estatales, entre ellas PDVAL y la petrolera PDVSA, y los funcionarios a cargo de diversos ministerios ordenaron el inicio de investigaciones internas para detectar "a los traidores" y tomar medidas al respecto.
En tanto, el chavismo celebrará hoy su última sesión ordinaria antes de ceder el control de la Asamblea Nacional a la oposición, en una jornada en la que podría tomar medidas para blindarse de cara a la legislatura que arrancará el 5 de enero.
El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anticipó que el oficialismo cumplirá su agenda legislativa antes de que culmine el año, incluido el nombramiento de una docena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Esta decisión resulta clave ante un futuro choque entre el Gobierno de Maduro y el poder legislativo -en el que la MUD tendrá dos tercios de la cámara-, lo que obligaría a que ciertas disputas tengan que ser dirimidas por la máxima corte venezolana.
Tras el fin del período legislativo regular, normalmente se activa una "comisión delegada" que funciona hasta el inicio de la nueva legislatura. Una sus facultades es convocar a sesiones extraordinarias.
Integrada por Cabello -número dos del chavismo- y demás directivos de la cámara, esta comisión sin embargo "no tiene facultades legislativas ordinarias ni puede hacer nombramientos", explicó el constitucionalista Gerardo Fernández, profesor de la Universidad Central.
Para designar a los jueces del TSJ, por ejemplo, tendría que citar a sesiones extras, indicó Fernández, quien no obstante estima insuficiente el tiempo para cumplir con los requisitos de ley.
Por eso, de darse esos nombramientos "podrían ser revocados por la nueva Asamblea", advirtió.
Con el fin de analizar los escenarios que plantea el remate de la legislatura, la oposición se reunía ayer por la tarde a puerta cerrada.
El período legislativo llega a su fin en un ambiente tenso tras la contundente derrota del chavismo. Tras admitir el revés, el presidente endureció su discurso señalando que enfrenta una "contrarrevolución", aupada por Estados Unidos, que busca imponer una agenda neoliberal y con la cual no habrá "cohabitación".
La oposición se planteó como prioridades una amnistía para unos 75 políticos y dirigentes sociales presos y reformas económicas que pongan fin, entre otros, al férreo control de precios, al que culpa del desabastecimiento de dos tercios de los productos básicos.
Maduro advirtió que no permitirá el desmonte de las conquistas sociales y de las leyes que "protegen al pueblo"; y el fin de semana, ante el alto mando militar, llamó a las Fuerzas Armadas a alistarse para una "guerra no convencional", reiterando una vez más que no entregará la revolución.
| Agencia AFP y Ámbito Financiero |
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