Magistratura: oposición blinda a juez contra jury

Se profundizará esta semana la contienda entre oficialistas y opositores en el Consejo de la Magistratura por el destino del juez federal Luis Armella, que tuvo a su cargo la causa por el saneamiento del Riachuelo, pero de la cual terminó eyectado luego que la Auditoría General de la Nación expuso una compleja trama referida a las empresas contratadas para tareas descontaminantes.

Esta semana la Magistratura debería contar con un informe de la Corte Suprema y otro proveniente del Ejecutivo referido a la labor de Armella. El oficialismo precisa nueve votos en el plenario para enviar al juez a un jury. Una tarea de alta complejidad si se considera que en el bloque opositor (de donde debieran salir dos votos) ya se ha instalado con fuerza que la embestida contra Armella tiene origen político y está conectada a las intrigas del peronismo bonaerense.

Armella es juez federal de Quilmes y para un sector del kirchnerismo resultaron inaceptables ciertos movimientos del magistrado en una causa protagonizada por Aníbal Fernández. Armella habría avanzado sin contemplaciones a pesar de que, desde que fue removido del caso Riachuelo, esa hostilidad no tuvo su correlato en la Magistratura. Hubo planteos de la fiscalía y de una fiscalía general para cerrar la acusación contra el jefe de Gabinete, pero el juez persistió en su posición. Esa inquina es la que el oficialismo querría cobrar en el cuerpo colegiado.

Como en otras ocasiones, el bloque oficialista tiene un problema de enfoque. Activar la embestida contra este juez está generando la aparición de otros actores que dan cuenta de que Armella no es el magistrado de la periferia que su rótulo permite inferir. Conectado a la Justicia federal de Comodoro Py, protegido por influyentes barones territoriales, los consejeros del oficialismo recibieron recomendaciones por parte de interlocutores de buen handicap que no van precisamente en la dirección de hostigar al juez quilmeño.

Ahora el principal desafío para el kirchnerismo es que este conflicto no sea un calco de la pelea contra Claudio Bonadío. Ante la dificultad de llevarlo a juicio político se le terminó aplicando una sanción administrativa que luego la Corte Suprema dio de baja. El costo político (y el judicial, si es que cabe algún cálculo de este estilo) ha sido en extremo negativo.

El caso Armella se suma a una nutrida constelación de intrigas judiciales en las cuales el permiso mide fuerzas en plena campaña. Desde las denuncias del reo Lanatta en televisión hasta el debate cortesano por los gremios policiales. En breve se sumará la audiencia convocada por la Corte para comenzar a definir si los gremios sin personería están en condiciones de efectuar medidas de fuerza.

La pelea contra Armella tiene además la connotación de convertirse en un vehículo contra un dato realista difícil de digerir: a casi 90 días del cierre de la actual administración el oficialismo atraviesa este proceso sin poder nombrar jueces en cuatro instancias rutilantes en el presente y aún más estratégicas en el futuro. El único punto favorable del último tiempo fue la salida de Cabral de la Casación. Pero el pacto con Irán sigue en su propio limbo, sin confirmarse.