Más allá de las reformas tributarias

Han pasado las elecciones y, como no puede ser de otra manera, hay perdedores y ganadores. En breve la composición del Congreso Nacional será diferente y el oficialismo no tendrá mayoría propia, pero restan todavía dos años de administración y varias iniciativas en busca de aprobación, muchas de las cuales responden a cuestiones tributarias y otras no, como la ley de radiodifusión.

Entre los temas impositivos están en carpeta la modificación del Régimen Simplificado (Monotributo), el incremento de la alícuota de Ganancias para ganancias extraordinarias, la desgravación de ganancias para las utilidades reinvertidas en la empresa, el aumento de la alícuota de Impuestos Internos para artículos electrónicos, de telefonía celular y de informática, así como también la prórroga del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias, por nombrar los que más pueden importar al Gobierno, ya que existen otras propuestas, como rebajar el IVA a los bienes que componen la canasta básica. También interesará la permanencia de la Ley de Emergencia Económica, que viene prorrogándose desde la crisis de 2002.

El Gobierno nacional buscó, como también lo hizo Brasil, cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional e independizarse de sus criterios de gobernabilidad; sin embargo, salvo los derechos de exportación, sustentó su recaudación en el régimen tributario estructurado sobre la base de las sugerencias del organismo internacional de crédito, haciendo pequeños ajustes, como el mínimo en Bienes Personales o la actualización de las deducciones personales en Ganancias, con particular énfasis en el trabajador en relación de dependencia, pero mantuvo impuestos imperfectos, como son el mencionado Impuesto sobre los Bienes Personales, el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el impuesto al cheque, este último típico para tiempos de crisis pero que se siguió aplicando en época de bonanza.

No se trata de revisar la historia porque estamos ante hechos consumados, simplemente de analizar el porvenir.

De los proyectos en danza no se desprende finalizar con el actual régimen de impuestos y poner a debate un conjunto armónico de gravámenes que constituyan un sistema tributario nacional articulado de manera tal que apunte a consolidar el perfil productivo (industrial y agropecuario) y exportador.

Más aún, que se revise la discriminación que sufre el trabajador independiente en el Impuesto a las Ganancias con relación al empleado en relación de dependencia, que se analice la gravabilidad de las rentas financieras, la aplicación del ajuste por inflación, entre tantos temas que merecen análisis. Del mismo modo, si se pretende necesariamente gravar los patrimonios personales y de las empresas, acudir a impuestos que ya fueron implementados y sobre los cuales existen vastos antecedentes y jurisprudencia, como son Patrimonio Neto y Capitales. Desde ya, sin dejar de lado el cumplimiento del mandato constitucional respecto de la nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Algunos trascendidos previos a las elecciones daban cuenta de que se estaba elaborando una reforma tributaria cuyos proyectos serían impulsados con posterioridad al acto eleccionario que pasó. Sin embargo, lo único conocido son los proyectos antes mencionados.

Ahora bien, hasta octubre median cinco meses con la actual composición de senadores y diputados, quienes deberán ejercer su mandato bajo la presión de los legisladores entrantes.

¿Evaluará el poder político la discusión de un sistema tributario? Y en ese caso, ¿alcanzarán el tiempo y la actual composición legislativa para su profundo debate?

Lo que parece cierto es que con reformas de coyuntura y prórrogas al régimen vigente no sería suficiente para un país pensado a largo plazo.