Más cruces entre la Justicia y Techint

Guillermo Marijuan

Continuó ayer la polémica entre el fiscal federal Guillermo Marijuan que reclamó que se investigue si el directorio de la empresa Siderar del Grupo Techint tomó decisiones que provocaron un perjuicio económico a la ANSES, y la compañía que consideró las acusaciones como una «confusión».

El viernes, Marijuan radicó su presentación ante el juez federal Ariel Lijo, sosteniendo que en una reciente asamblea, con el voto en contra del representante de la ANSES, se aprobó la distribución de dividendos por más de $ 1.500 millones por el ejercicio 2010, sin informarse el destino de una suma mayor acumulada en períodos anteriores. Según la presentación del fiscal, la investigación debe alcanzar a «los miembros del directorio de la empresa Siderar que eventualmente resulten responsables» de algún delito. También, a aquellas personas que participaron de la asamblea de accionistas del 11 de abril pasado y «concretaron con sus acciones y/u omisiones la comisión de delitos», y contra «cualquier otra persona que resulte responsable» mientras avance la pesquisa, según había adelantado este medio.

Vulneración

Marijuan había sostenido que el desconocimiento de la mayoría de los accionistas de Siderar del alcance del decreto que amplió la participación estatal en directorios de empresas privadas, es una «clara vulneración de los principios y garantías constitucionales» que «puede vulnerar futuros beneficios económicos para aquellas personas que conforman el sistema previsional argentino». Por ese motivo, reclamó el inicio de una investigación penal y recomendó al juez ordenar un allanamiento a Siderar.

Ayer se conoció que la compañía siderúrgica contestó la acusación opinando que hubo una «confusión» entre dividendos con reservas para futuros dividendos. La empresa emitió un comunicado donde afirma que «la reserva para futuros dividendos, por un importe de $ 6.455 millones, tiene como contrapartida inversiones que la sociedad ha hecho en maquinaria, equipos y capital de trabajo». Señaló también que los balances de la empresa son públicos y que «no fueron impugnados por ninguno de los accionistas ni por los organismos de control (CNV y Bolsa de Comercio) hasta la última asamblea del 15 de abril».