24 de octubre 2014 - 00:00

Más provincias apuran cambios en Código Penal

Luis Beder Herrera y Antonio Bonfatti
Luis Beder Herrera y Antonio Bonfatti
 El Gobierno del riojano Luis Beder Herrera envió esta semana a la Legislatura un paquete de leyes de reforma judicial que apunta a aplicar modificaciones en el Código Procesal Penal, el Código de Contravenciones y las leyes orgánicas de la Policía y a instaurar el sistema de juicio por jurados en la provincia, entre otros puntos.

"Hace más de 10 años que estamos viajando a Chile y envidiando a los chilenos por el sistema procesal penal que tienen, donde rápidamente se dictan las sentencias", afirmó el mandatario justicialista.

En el sistema que impulsa ahora el Ejecutivo de La Rioja se modificará la participación del juez de instrucción y cobrará relevancia la figura del fiscal, que tendrá a su cargo "la persecución del delito", mientras que intervendrán también un juez de garantías, que resolverá la situación procesal, y un defensor.

De esta forma, La Rioja se suma a un nutrido lote de provincias que ya implementó en los últimos años reformas procesales penales locales, ya que -tal como lo dicta la Constitución- los Estados subnacionales se reservan el derecho de dictar sus propios códigos procesales.

Según un informe del portal Infojus Noticias, la mayoría de las provincias y gran parte de América Latina ya optó por el modelo acusatorio para el procedimiento penal, tal como lo expresa el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que Cristina de Kirchner envió en las últimas horas al Senado. En esos casos, es la fiscalía la que debe investigar, en lugar del juez.

En la actualidad, rige en cambio a nivel federal un modelo que acumula críticas porque es lento y concentra todo el poder en el magistrado.

Esa realidad contrasta con los avances mostrados por las provincias, que cuentan con su propio Código Procesal Penal y que en general -destaca el estudio- dieron pasos en pos de reemplazar regímenes procesales de fuerte contenido inquisitivo por uno donde el juez es el que tutela que se respeten las garantías constitucionales y de defensa, mientras que la investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal.

Más allá del caso de La Rioja, las últimas modernizaciones en materia de Código Procesal Penal se dieron en Santa Fe (el nuevo modelo -acusatorio, oral y público- comenzó a regir el 10 de febrero en forma definitiva en el distrito que gobierna el socialista Antonio Bonfatti) y Neuquén, que se sumaron a los cambios aplicados en Chubut, Salta, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, los de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Catamarca y Mendoza son los que más años de vigencia tienen.

Sobre esos códigos, el informe destaca que "se caracterizan por garantizar la oralidad durante todo el proceso, manejan formas alternativas en la resolución de conflictos y el fiscal tiene la opción de concentrarse en la investigación de delitos de mayor lesividad, pudiendo desestimar los que puedan resolverse de otro modo".

En esa línea, el fiscal Raúl Garzón -que instruye las causas por los saqueos tras el motín policial de diciembre en Córdoba- destacó las características del sistema procesal penal que rige allí desde 1998, cuando se pasó de un sistema mixto a uno "acusatorio puro". En Neuquén, en tanto, el sistema acusatorio entró en vigencia en enero. "Hemos tenido muchos más juicios que el año pasado", dijo desde la Escuela de Capacitación del Poder Judicial Leticia Lorenzo. Y en Chubut, el defensor general alterno de la Defensoría Pública, Alfredo Pérez Galimberti, remarcó que "el 80% de las personas privadas de la libertad tienen condena", sobre la base de la rápida resolución de los conflictos tras los cambios en 2006.

La Legislatura de Río Negro, en tanto, aceleró el debate en particular del Código Procesal Penal para la provincia, que ya cuenta con la aprobación en general que votó el Parlamento local el 10 de diciembre pasado.

Ayer, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, un sector del justicialismo pidió más tiempo para analizar el articulado. En ese planteo se destacó un rechazo a la incorporación del sistema de juicios por jurado. No obstante, se debatiría el proyecto el próximo jueves en el recinto.

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