Media sanción a ley que obliga a countries a ceder 10% de tierras

Buenos Aires - La Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción ayer al proyecto denominado Ley de Acceso Justo al Hábitat, que facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la provincia.

La iniciativa apunta -entre otros ejes- a que los futuros countries o barrios cerrados -de más de 5 mil metros cuadrados- cedan a los municipios el 10% de la superficie total del predio o su equivalente en dinero para el desarrollo de planes de viviendas sociales.

El proyecto fue impulsado por legisladores kirchneristas y generó una amplia polémica puertas adentro del Frente para la Victoria con dirigentes alineados al Gobierno de Daniel Scioli, quienes habían planteado la necesidad de evaluar otras variantes de acceso a la tierra y la vivienda impulsadas desde ese sector.

El texto fue presentado por diputados de la agrupación Unidos y Organizados, del Movimiento Evita, de Nuevo Encuentro, de Miles de Luis DElía y de la Kolina de Alicia Kirchner.

Finalmente, anoche votaron a favor todas las bancadas políticas, a excepción de la denarvaísta Unión Celeste y Blanco, que conduce Mónica López.

Además de la Ley de Hábitat, los diputados aprobaron un proyecto del legislador del FpV Alberto España, que habilita al gobierno y a los municipios a afectar tierras fiscales a los fines de su incorporación al Fondo Fiduciario Público. (programa PRO.CRE.AR.).

Según la diputada Alicia Sánchez, la iniciativa prevé que los desarrolladores inmobiliarios «devuelvan a los municipios un 10% a partir de los 5.000 metros cuadrados que puedan ser cedidos en tierras o dinero».

Sánchez también puntualizó que los fondos serán destinados a «viviendas sociales, obras de infraestructura, equipamiento comunitario y generación de espacios verdes», y dijo que además se suspenden por 180 días los desalojos de villas y asentamientos que se inscriban en un registro que crea la ley.

«Quienes quieran construir un barrio cerrado no significa que brinden tierras de ese terreno en el cual van a emprender el proyecto inmobiliario, sino que pueden dar el valor de esas tierras en dinero», afirmó por su parte el sciolista Iván Budassi, además de sostener que «no se espera dificultar el establecimiento de nuevos emprendimientos inmobiliarios sino, al contrario, facilitarlos mucho».

El proyecto, que incluye la figura de la expropiación como una de las alternativas, dispone que los municipios puedan hacerse de terrenos cuando autoricen grandes emprendimientos urbanísticos para desarrollar planes sociales de viviendas. Asimismo, la propuesta apunta a modificar la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de 1977, y como fundamentación sostiene que intenta «abordar y atender la diversidad y complejidad de la demanda urbano-habitacional, desalentando las prácticas especulativas» sobre la tierra.

En paralelo, el Senado convirtió en ley la norma que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género y establece pautas para reasignar partidas presupuestarias para paliar y revertir el número de víctimas de esta problemática. Además, sancionó una ley que determina que las embarazadas podrán viajar en forma gratuita en las líneas del transporte público de pasajeros al menos dos veces por mes, para poder cumplir con los controles médicos.