El Gobierno y el Grupo Clarín protagonizaron ayer un nuevo cruce de escritos en la puja judicial por la ley de medios. Contrarreloj, ambas partes ampliaron sus argumentos ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que debe revisar la sentencia de primera instancia del juez Horacio Alfonso para quien los artículos referidos a la desinversión son constitucionales. Especulaciones con los horarios, intrigas de pasillo y diversos recorridos por el cuarto piso del palacio de Tribunales aportaron emociones al típico silencio que domina al edificio durante la feria veraniega.
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En un documento de 180 páginas la empresa sostuvo que Alfonso procedió con «arbitrariedad», lo acusó de no tomar en cuenta las evidencias provenientes de tres pesquisas y sostuvo que no realizó el control de constitucionalidad pertinente que, según sus abogados, debía tener en cuenta cómo la ley afecta al mercado audiovisual de medios.
Detalles jugosos
Como suele suceder, los detalles más jugosos no están escritos, sino que se dicen en voz baja: los abogados de la empresa creen que la sentencia de primera instancia no fue escrita por Alfonso y que por eso su estilo es más similar a una monografía que a un fallo judicial, en la cual abundan datos de jurisprudencia inconexos, sin una coherencia discursiva. Una tesis sugerida con más elegancia en la apelación.
El oficialismo, en un texto escueto, cuestionó la legitimidad de Clarín para presentarse en el expediente y alegó que la empresa no sufre agravios concretos en caso de que la norma se aplique ya que sus licencias se encuentran a nombre de distintas sociedades. Un argumento que ayer por la tarde llamaba la atención a los camaristas Francisco De las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni. Según entienden, no le encuentran sentido al planteo cuando ya un juez de primera instancia no sólo reconoció a Clarín como parte sino que le dejo la «puerta abierta» para que demande al Estado por daños y prejuicios.
La apelación de Clarín se encuentra en sintonía con la visión de De las Carreras y Susana Najurieta, quienes ya firmaron dos fallos favorables a la empresa. El texto de ayer vuelve a señalar que la ley de medios afecta garantías constitucionales tales como la libertad de expresión y el derecho a la propiedad.
Los abogados de la Jefatura de Gabinete conocen esta concepción de la causa y por eso esperan que la Sala I decida revocar el fallo de Alfonso. Ayer, una vez más, peregrinaron a los despachos del cuarto piso, donde se ubican los ministros de la Corte Suprema. Se retiraron con una percepción favorable: todavía hay cuatro de los siete «justices» que esperan que la ley se aplique y que entienden que ésta no lesiona la libertad de expresión.
La presentación de Clarín ante la Cámara no es invulnerable. Para los jueces de la Sala I contiene excesivos argumentos para discrepar con Alfonso en cuanto a su postura pero no ocurre lo mismo al momento de cristalizar los errores del juez.
Traslado
Ahora la Cámara dará traslado al Gobierno para que responda a los planteos de Clarín. Serán 10 días y luego la Sala I llamará al «autos de acuerdo» y tendrá 60 más para emitir un fallo.
El máximo tribunal será la última instancia de una pelea que seguirá más allá de las fronteras. Desde noviembre los abogados de Clarín ya planifican presentarse ante tribunales internacionales con el alegato de la falta de confianza en la Justicia argentina. El destino sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicada en Costa Rica.
Hay un detalle no menor: sólo se puede recurrir a esa instancia cuando se haya agotado el derecho interno, en este caso luego de la sentencia de la Corte. Los casos en los que se puede recurrir con anterioridad es cuando el daño potencial puede ser irreparable.
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