Mendoza: pujas por la reforma constitucional

Francisco "Paco" Pérez

Mendoza - El proyecto de reforma de la Constitución de Mendoza que intenta impulsar el Gobierno de Francisco Pérez podría encontrar una traba en la Suprema Corte provincial si finalmente se confirma la resistencia de uno de sus miembros a habilitar la convocatoria a elecciones convencionales.

Según publicó ayer el diario UNO, el juez Mario Adaro, exministro de Celso Jaque y, por ende, por entonces compañero de gabinete de Pérez, le habría manifestado al propio gobernador su decisión de no votar cualquier reforma que no siga los pasos que establece la Constitución: declarar una ley marco, aprobarla con dos tercios de las cámaras legislativas, convocar a un plebiscito, y que esa consulta obtenga el apoyo de la mayoría absoluta de los electores, como establece el artículo 221 de la Constitución y la interpretación que de él hizo la propia Corte a fines de los ochenta, el famoso "fallo Kemelmajer". Es decir, aquel que obliga a reunir la durísima mayoría de la mitad más uno del padrón para poder llamar a Convencionales Constituyentes.

De esa manera, el Gobierno mendocino debería comenzar a replantear su estrategia para lograr la reclamada reforma de la Constitución, que la oposición frena por las sospechas de que la intención de Pérez es, entre otros puntos, incluir la figura de la reelección, que no existe en la provincia.

Frente a las diversas trabas que impuso la oposición a la reforma, el gobernador había logrado reflotar días atrás un proceso que quedó inconcluso en 2001 y se encaminaba a firmar, decididamente, el decreto para convocar a una convención constituyente. Se busca restaurar el plebiscito que se aprobó en 2001 para convocar a una reforma y llamar a elección de convencionales y que quedó trunco en la gobernación del radical Roberto Iglesias.

A mediados del mes pasado, el Senado mendocino dio el puntapié inicial a una nueva chance reformista: aprobó un proyecto de resolución de Gustavo Valls (PJ Federal) mediante el cual se solicita al gobernador que convoque a elecciones de constituyentes "con la finalidad de tratar los puntos habilitados por la ley de declaración de necesidad de reforma Nº 6896 y su modificatoria ley Nº 6921 atento al resultado del referéndum popular del día 14 de octubre de 2001".