Mercado teme por ley que vota el Senado

El Senado terminará el año incluyendo en el paquete de leyes dos normas clave que están directamente relacionadas con pedidos hechos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el máximo organismo internacional en combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Si bien el primer proyecto, que tipifica terrorismo y su financiamiento (es el especialmente exigido por el GAFI), es el que genera más discusión política, en realidad es aun más complicado el que tipifica delitos bursátiles y el fraude en el sistema financiero el que tiene en vilo a bancos y sociedades de Bolsa.

El Gobierno insistió, por ejemplo, en las visitas que Julio Alak, ministro de Justicia, hizo a las dos cámaras, que la votación de las dos leyes es imprescindible. De hecho, la comitiva que viajará en febrero a París para otra revisión de la situación de la Argentina frente a los controles al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ya prometió que iría con las leyes bajo el brazo. Para eso no existe otra opción que convertirlas en ley entre hoy y mañana.

Del proyecto que combate el financiamiento al terrorismo o lo intenta, aunque sin llegar una vez más al fondo de la cuestión como ya sucedió en 2007, se debatió hasta el hartazgo. No así sobre el otro dictamen en danza hoy en el Senado que tipifica delitos bursátiles y de mercado.

Esa iniciativa tiene, según afirma el propio oficialismo, rasgos de la lapicera de Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, y no se escuchó hasta ahora que ninguna de las autoridades de los otros organismos del mercado se le opusiera. Se dice en el Congreso que hubo allí colaboración de Pedro Biscay, director ejecutivo del CIPCE exasesor del Banco Central y actual de la CNV, que en algún momento tuvo buen diálogo con Elisa Carrió.

El proyecto en discusión y que preocupa hoy como ningún otro al mercado crea el delito de uso de información privilegiada, pero sin definir con demasiada precisión la terminología. De hecho el proyecto oficial tiene coincidencias notables con el delito de agio ya existente en el art. 300 del Código Penal, dentro del título de los Delitos contra la Fe Pública y en el capítulo «De los fraudes al comercio y a la industria».

Así, se establece el delito de cohecho financiero y se crean once penas de prisión e inhabilitación de por vida a los que efectúen intermediación financiera sin estar autorizados.

El problema que preocupa a bancos y sociedades de Bolsa es que mientras el GAFI exigió avanzar con una legislación que castigue el tráfico de información privilegiada y la manipulación de mercado para cometer fraude (de ahí que el oficialismo justifique la ley colocando por delante siempre el «caso Madoff», en la redacción que se convertirá hoy en el ley en el Senado se castiga con una figura muy amplia «a los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que, insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros» o quienes «reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles». A esa lista se suman los directivos de empresas con relación a los informes internos sobre balances y situación financiera; los operadores de mercado que utilizaren información falsa para hacer subir o bajar el precio de bienes, entre otros responsable. El problema allí es definir cuándo se está afectando el mercado con una operación y cuándo la información puede considerarse falsa.