La Sala II ordenó que se investigue a la expresidente y a otros funcionarios K en el marco de la causa de lavado que tiene preso a Lázaro Báez. Sugirió indagatorias.
Retorno. Novedades pueden deparar nuevas citas a Cristina de Kirchner en tribunales.
El miércoles negro para Cristina de Kirchner en materia judicial quedó marcado con dos definiciones que pueden tallar su horizonte próximo en tribunales. Tras el pedido de indagatoria activado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques en el marco de la causa Hotesur, la Sala II de la Cámara Federal presidida por Martín Irurzun fue la mensajera de las malas nuevas: por un lado, estableció que Claudio Bonadio sea el encargado de investigar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA; y por el otro, sugirió con tono imperativo- que la expresidente sea indagada en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez, y que hasta ahora no la tenía como implicada en el expediente, luego de que el juez Sebastián Casanello hubiera rechazado incluirla en la nómina de indagados por ese delito.
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Así, el panorama para la exjefa de Estado -en la previa de la largada electoral- la tendrá rumbo a juicio por la causa dólar futuro (con fecha recién para 2018); procesada por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Báez; procesada en expediente mellizo a Hotesur, por alquileres de la sociedad "Los Sauces"; con indagatoria pendiente en el caso de la explotación hotelera familiar; y con la posibilidad de incluirla en las maniobras de blanqueo de activos por los que Báez se encuentra en prisión preventiva.
En un duro fallo contra el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, la Cámara los exhortó nuevamente a encaminar la investigación hacia ex funcionarios del gobierno kirchnerista, como ya lo había hecho con anterioridad cuando pidió ampliar la búsqueda y relacionar delitos, lo que derivó en una serie de expedientes complementarios que apuntan a obra pública versus supuestos retornos a través de alquileres que se yuxtaponen en diversos expedientes. Deslizó allí que deban relacionarse los casos y unificarse las causas por supuestos hechos de corrupción. La respuesta del tribunal fue a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que había solicitado directamente la indagatoria de la expresidente, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros miembros del Gobierno K, lo que fue rechazado por Casanello al considerar que la UIF planteaba maniobras dilatorias y ajenas a la competencia de su caso, porque el juez Julián Ercolini tenía a su cargo la posible asociación ilícita.
En su resolución, la Cámara no dispuso las indagatorias al destacar que antes hay que profundizar la investigación sumando a la causa los avances que ha habido en otros expedientes en los que se investiga la obra pública y las empresas de la exfamilia presidencial. Pero envió un "sogazo". Criticó al juez por su "inactividad" ante la actitud de "esquivar" indicaciones que la misma Cámara le había dado en otras oportunidades. También cuestionó el "tibio" dictamen de Marijuán del 8 de abril de 2016 "que transcribe los dichos de Leonardo Fariña pero no propone el camino a seguir para encaminar su pretensión". El párrafo dedicado al fiscal fue aún más duro. Lo cuestionó por "su larga y anunciada actividad tendiente a promover que alguno de los Báez aporte los datos necesarios como imputado colaborador ni se terminó por concretar, ni puede constituir el único curso de acción posible para avanzar en la pesquisa contra los funcionarios que como se dijo- ya se hallan involucrados en ella; ni logró avanzar cuando se le delegó esa parte de la investigación". La Cámara recordó que Báez "resulta hasta aquí el principal investigado" pero "no puede aceptarse que sea solo él y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito y su circulación- vinculado a este proceso, desatendiendo palmariamente las denuncias de origen que se refuerzan por el sentido común- de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita", indicó el tribunal. Esa mención apunta directo en el corazón del Gobierno K. Y a la colaboración de la UIF, la Oficina Anticorrupción y la AFIP, órganos gubernamentales a quienes no se les habría dado injerencia.
Nisman
Pero a la vez, y en una decisión a cargo del propio Irurzun, sorpresivamente la denuncia de Nisman que tiene como eje a Cristina de Kirchner quedó en manos del archirrival de la exmandataria, Bonadio. A pesar de que el juez Ariel Lijo había rechazado desprenderse del caso y ya había avanzado con numerosas medidas de prueba, el camarista delegó en caso a Bonadio que investigaba una presunta traición a la patria por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. A pesar de la negativa de Lijo, el camarista Irurzun consideró que el caso de Bonadio es anterior a que su colega recibiera la denuncia de Nisman. Bonadio había sido apartado de la causa original de encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA, que se encuentra en juicio oral por su negativa a investigar en la trama a Carlos Corach, exministro del Interior de Carlos Menem.
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