El Gobierno bonaerense presentó un paquete de reformas en el ámbito de la Justicia y que incluye la modificación de los códigos de Procedimiento Penal; Civil y Comercial, y Laboral, para otorgar mayor celeridad a los procesos judiciales.
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Durante una conferencia en la Casa de Gobierno, en La Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal manifestó que "aún queda mucho por hacer para tener una Justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y ponga en el centro a la víctima y no al victimario", algo que, dijo, es necesario "como sociedad y como gobierno".
El plan contempla también un proyecto de Ley de Enjuiciamiento de Magistrados que permita acortar los plazos del juicio, apartar rápidamente a quienes no estén cumpliendo correctamente sus funciones, y también evitar que los procesos sean utilizados como una herramienta de presión política a los jueces y fiscales, iniciativa que ya fue girada a Diputados.
Además, propone una modificación en la selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura, realizando concursos por especialidad y no por ubicación del juzgado.
También se contempla una reforma en el proceso de capacitación ya que jueces y fiscales deberán concurrir primero a la Escuela Judicial, que será obligatoria y tendrá una duración de entre un año y medio y dos años.
Vidal describió que el Ejecutivo pretende que se designe a jueces y fiscales "que estén entre los mejores", por lo que en la iniciativa "se cambia la forma de selección ya que hace 30 años que no llegan los que obtienen mejores puntajes en los exámenes sino lo que tienen vínculos con la política y el Poder Judicial".
En cuanto a la remoción de magistrados, especificó que "no es justo que si un juez es acusado y es inocente su jury lleve años", así como tampoco que si es culpable "la sociedad deba seguir conviviendo con él por años", y afirmó: "Necesitamos plazos para tener confianza y tranquilidad".
Entre las iniciativas que la gobernadora enviará a la Legislatura se incluye a la vez un nuevo Código Procesal Penal enfocado en las víctimas de delitos, para que puedan conocer y participar en las decisiones que tome el juez durante todo el proceso, fundamentalmente cuando se otorguen en un juicio abreviado beneficios como salidas transitorias o la libertad condicional.
La reforma también buscará reducir la cantidad de recursos que puede usar un delincuente para no ser encarcelado y, de este modo, se plantea reducir los tiempos de los juicios.
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