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Moreno listo ya para intervenir en nuevo conflicto
La ministra, Débora Giorgi, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, dejarán abierto un solo frente de discusión: la reglamentación final y eventual cambio de la carta de porte. Así se preparan el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y Giorgi para llegar al próximo martes a las 14 a la que será seguramente la última reunión de este tipo con la Mesa de Enlace.
Sólo quedaría seguir de cerca lo que suceda en el Congreso con el tratamiento de la ley de rebaja en las retenciones a la soja, que la oposición intentará introducir en Diputados esta misma semana. Es allí, para el Ejecutivo, donde debe discutirse este tema.
Será entonces, el próximo, un tiempo más político que económico o técnico. Para esto, y tal como adelantó ayer este diario, desde Olivos se prepara la estrategia más complicada y destructiva para el diálogo que posee el Gobierno: la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El funcionario está preparándose desde hace varios días a pedido del ex presidente Néstor Kirchner, y espera la orden para intervenir en medidas y actitudes que ya tiene en mente. Hubo un anticipo el lunes, cuando el funcionario personalmente embistió en el Mercado de Liniers para controlar que se cumpla la provisión de carne en la Capital y el Gran Buenos Aires, y para que no haya incrementos en la cantidad de cortes para exportar. Estos envíos continuarán congelados, y sus salidas al exterior dependerán de la decisión de Moreno. Una curiosidad: el mismo día y a la misma hora, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los embajadores recibían instrucciones sobre cómo aumentar las ventas al exterior, especialmente productos donde teóricamente el país es competitivo, como la carne.
Randazzo también recibió ayer instrucciones de cómo defender la posición oficial sobre la imposibilidad de reducir las retenciones a la soja. Se tratará de una cuestión fiscal. El ministro preguntará públicamente a la Mesa de Enlace qué ideas tienen para conseguir fondos por $ 15.800 millones, que se perderían por renunciar a los derechos de exportación que paga la soja.


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