Un operativo se llevó a cabo en la sede central del gremio. Juez Sánchez Freytes lo citó como imputado por la compra de cinco terrenos en Córdoba. Se aceleraron causas en contra.
Allanamiento. Hubo operativo en la sede de camioneros y llamado a indagatoria.
Hugo Moyano coronó ayer un día negro a nivel judicial. Luego de que la sede central de su gremio fuera allanada en el marco de una causa que investiga presuntas extorsiones a empresarios de Moreno, el juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes lo citó a indagatoria, acusado de lavado de dinero. En pocas horas, el líder camionero multiplicó complicaciones judiciales días después de haber formalizado su intención de romper el techo paritario y exigir un aumento del 27% para sus representados. Hace 20 días, financieras de la City porteña habían sido allanadas, mientras que el juez Claudio Bonadio fijó un plazo de 45 días para que peritos de la Corte Suprema informen los resultados de un análisis sobre documentación de una serie de firmas que aparecían como prestadoras de Camioneros y que se atribuyen a familiares del gremialista.
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La indagatoria, acusado de lavado de activos y defraudación es para el 31 de este mes por una serie de operaciones de compra de cinco terrenos en la localidad cordobesa de La Falda. Moyano, junto a un grupo de personas había sido imputado en diciembre pasado a raíz de una denuncia interpuesta ante la Unidad de Información Financiera (UIF). De acuerdo a la investigación, el sindicato de Camioneros adquirió los terrenos en 2013 y pagó en total unos $6 millones, cuando los vendedores con intermediarios que aparecen en distintas etapas del proceso- lo habían comprado tres meses antes por $300 mil. La diferencia entre ambas operaciones (sin lógica comercial) llevó a la denuncia de la UIF y la imputación por parte del fiscal del caso, Gustavo Vidal Lascano ante la sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical.
Horas antes, la Policía Federal allanó la sede central de Camioneros, en la calle San José 1700. La orden la dio el juzgado de Garantías N°1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián. Allí se investigan maniobras extorsivas por parte de representantes gremiales contra empresarios a cambio de habilitaciones y certificados de libre deuda de aportes. La sede local del sindicato ya había sido allanada con el hallazgo de u$s130.000 y $300 mil en una caja fuerte. Los denunciantes son del rubro de alimentos congelados a los que supuestamente también les pedían una suma de dinero para realizar diferentes trámites vinculados a la circulación y la manipulación de los productos. Otra de las denuncias que figuran en el expediente indica que desde el sindicato los amenazaban con que les iban a triplicar el costo de los cánones de los camiones con cámaras congeladoras si no les aumentaban los sueldos a los empleados.
El contexto judicial que rodea a Moyano permanece agitado: Bonadio ordenó a la Corte un peritaje contable sobre la documentación secuestrada en empresas vinculadas a la familia del líder sindical por los supuestos desvíos de dinero de la obra social del gremio que podrían implicar maniobras de lavado de dinero. Se pusieron en la mira los balances de las firmas Iarai SA, Dixey SA y Aconra SA. La primera actuaría como gerenciadora y además como presunta "prestamista" de las otras sociedades del grupo.
Todo este escenario llega luego de que el juez en lo penal económico Pablo Yadarola ordenara allanamientos a varias financieras en el microcentro porteño investigando también delitos relacionados con el lavado de activos. El juez dispuso la inhibición general de bienes de las empresas investigadas, bloqueo de cajas de ahorro y fondos depositados, según informaron fuentes judiciales. En la causa se investiga a un grupo de personas acusadas de llevar adelante actividades financieras sospechosas, mediante captación de ahorros. Se señaló también de movimientos sospechosos con caudales. Un anónimo inició el expediente.
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