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Moyano gana tiempo en la Corte y elude multa
• El Gobierno intenta sancionarlo por no haber acatado una conciliación
Hugo Moyano y Juan Carlos Maqueda
El origen de la sanción fue en 2012, a raíz de un paro de los transportistas de combustibles. El Gobierno solicitó una sanción para el gremio, el juez Raúl Ojeda la concedió y decidió un embargo por 4 millones de pesos. Los abogados del gremio apelaron ante la cámara y cuando esta instancia llamó a una audiencia para entre las partes para tratar el caso, desde el Ministerio impulsaron un recurso ante la Corte.
El tribunal rechazó tratar el pedido mediante las firmas de Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco. El caso seguirá discutiéndose en la Cámara, tal como quería el líder de la CGT opositora y su abogado, Jorge Rampoldi, que en los albores del kirchnerismo fue director de Migraciones pero que luego renunció cuando una publicación lo vinculó al acciones de la Triple A durante los años 70.
El último expediente de trascendencia para el gremio de Camioneros que resolvió la Corte fue en noviembre del año pasado cuando le impidió a ese sindicato incorporar a 137 trabajadores de una empresa dedicada al servicio de catering de los vuelos comerciales. Estos finalmente quedaron para el gremio de la alimentación. Una tendencia poco favorable para Moyano y que se inició en 2008, cuando la Corte emitió un fallo favorable a la libertad de afiliación sindical. En esa ocasión el gremialista dijo que el fallo supremo "generaba confusión y no beneficiaba a nadie".
En ese entonces Moyano organizaba encuentros con abogados que desmenuzaban los votos de los ministros y llegaba siempre a la ineludible conclusión de que el tribunal escapaba a sus propios límites y asumía funciones propias del Poder Legislativo. La misma letra que cinco años más tarde el Gobierno esgrimiría contra las disposiciones de la Corte que anulaban sus sueños reformistas para el Poder Judicial.
La seguidilla de resoluciones que iban en esa dirección tuvieron por consecuencia que a fines de 2013 los abogados de los principales gremios, -el albañil Gerardo Martínez tuvo un rol clave- comenzaron a repasar los fallos de la Corte para elaborar un proyecto de ley que permitiera una mayor flexibilidad en cuanto a la afiliación pero sin generar grandes daños en las estructuras sindicales. Un borrador que ya está terminado pero que hasta el momento no ha visto la luz.
Desde fines del año pasado la Secretaría de Derecho Laboral de la Corte está en manos de Marcelo Navarro, quien llegó proveniente de la vocalía de Maqueda.


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