La campaña electoral no impidió que ayer la Legislatura porteña desarrollara su sesión ordinaria de los jueves y, entre otros temas, aprobó la norma que endurece las penas económicas y de arresto para quienes violen clausuras dispuestas por jueces o autoridades administrativas y para quienes "reincidan en conductas reprochables".
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Con la modificación de varios artículos del Código Contravencional, los diputados dispusieron que el artículo 24 de la norma quedó redactado sosteniendo que "cuando el contraventor injustificadamente no cumpla o quebrante las sanciones impuestas, el juez puede sustituirlas por trabajos de utilidad pública o excepcionalmente arresto. Esta medida puede cesar cuando el contraventor manifiesta su decisión de cumplir la sanción originalmente impuesta, o el resto de ella" y que "en los casos que fuera procedente la medida referida en el párrafo precedente, el juez efectúa la conversión a razón de un día de arresto o un día de trabajos de utilidad pública por cada $2 mil pesos de multa o por cada día de trabajo de utilidad pública no cumplidos."
Las clausuras pueden extenderse como límite hasta 180 días y además "el titular del establecimiento donde se viole una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, es sancionado/a con $30 mil a $60 mil de multa o cinco a veinte días de arresto".
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