Nueva CGT intimó al Gobierno a rectificar rumbo

La nueva CGT emplazó al Gobierno a modificar en un mes el rumbo de algunas de sus medidas económicas antes de resolver eventuales medidas de fuerza. La central obrera lo hizo, de manera sutil, al convocar para el 23 de septiembre a un encuentro de su Comité Central Confederal, el denominado "parlamento de los trabajadores", una instancia de debate y potencialmente resolutiva. Hasta entonces, como había adelantado este diario, el triunvirato de jefes buscará reuniones con ministros, además de contactos con organizaciones sociales, empresarios y la Iglesia Católica.

Tras la reunificación concretada el lunes último, la principal organización sindical tuvo ayer su primer encuentro de consejo directivo. La presidieron los tres secretarios generales, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y participó el grueso de los casi 40 dirigentes que forman parte de la estructura ejecutiva de la central de Azopardo.

Fiel al nuevo estilo que busca imponer el triunvirato electo, ayer no hubo amenazas de paros o acciones gremiales inminentes. En lugar de eso los secretarios generales reforzaron un perfil de gestores técnicos (o "CEO", en una encarnación más horizontal de la jefatura) responsables de redefinir el vínculo con el Gobierno.

La resolución expuesta ayer ya había sido tomada el mismo lunes del congreso en una reunión acotada, por la noche, en el gremio de Sanidad: promover un encuentro plenario con los ministros de las áreas más sensibles para el sindicalismo como paso previo a una eventual audiencia con Mauricio Macri para pedirle respuestas concretas. Los funcionarios señalados son los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; Hacienda, Alfonso Prat Gay; Producción, Francisco Cabrera; y Salud, Jorge Lemus.

Los reclamos son los mismos que contenían los pliegos reivindicativos de cada una de las tres versiones en las que estaba dividida la CGT hasta la semana pasada, con algunas actualizaciones. En lo central se trata de acotar la escalada inflacionaria; exigir la marcha atrás de los tarifazos y la aplicación de criterios más comprensivos para los usuarios residenciales y las pymes; acciones para poner freno a los despidos (esta semana se dio a conocer la suba del desempleo medido por el INDEC a 9,3%) e impulsar nuevas contrataciones, y una definición sobre el Impuesto a las Ganancias, que de acuerdo con el Gobierno deberá regir recién a partir de 2017, entre otros puntos.

La nueva encarnación de la CGT sumó a esos planteos la necesidad de atender la precarización del mercado laboral, y en esa línea, como había adelantado este diario, promovió contactos con organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Daer confirmó que se resolvió "avanzar en un contacto formal con todos los sectores de movimientos sociales que representan a trabajadores en la informalidad y también tener audiencias con los sectores y las cámaras emblemáticas del sector empresarial, para también plantearles la necesidad de la responsabilidad que amerita el momento" actual.

Sobre este punto, en los sectores más influyentes de la CGT le dijeron a este diario que el propósito de ese acercamiento es apuntar a la recuperación por parte de los gremios tradicionales de su rol en el control de la protesta social. Explicaron, en ese sentido, que un primer paso será coordinar con las agrupaciones piqueteras, y de ser necesario ponerse a la cabeza de sus demandas para hacerle saber al Gobierno que la interlocución necesariamente deberá pasar por el sindicalismo peronista.

Ayer se decidió, además, incorporar a una agenda de reuniones a las cámaras patronales y la Iglesia Católica, un vínculo siempre cultivado por el gremialismo tradicional y con más énfasis desde que Jorge Bergoglio fue ungido Papa. En el caso de los empresarios y el Gobierno, la CGT apuntará a desactivar cualquier intento de reforma laboral, al menos en el sentido flexibilizador que trascendió esta semana.