Nueva ley consensuada saca a Corte y Gobierno del pantano

El vacío legal que acompañó al fallo del máximo tribunal marcó el camino para solucionar el entuerto jurídico que complicó también al Gobierno.

Marcha y negociación. La concentración en la Plaza de Mayo en repudio al 2x1 tuvo una previa en las escalinatas del Congreso. Mientras tanto, adentro del recinto del Senado Miguel Pichetto negoció con el macrismo.

El antídoto se suele obtener a partir de las propias toxinas que se inoculan pero con el objetivo de que sirva para neutralizarlo. La ley aprobada por unanimidad en el Congreso para reinterpretar la aplicación del 2x1 y excluir la posibilidad de que beneficie a condenados por delitos de lesa humanidad fue la fórmula institucional para salir del laberinto planteado por la Corte Suprema tras el polémico fallo que beneficiaba a represores. La ausencia normativa que generaba el vacío legal en el que se apoyó el voto de la mayoría había insinuado cuál sería la única forma de corregirlo. Pese a la irretroactividad de las leyes penales (excepto las que son más beneficiosas, lo que justamente se intentaba conjurar en este caso), la nueva ley no corre el riesgo de ser tachada de inconstitucional. Contactos informales entre el Gobierno y los bloques parlamentarios con los ocupantes del cuarto piso del Palacio de Tribunales aseguraron que el texto de su articulado pasará el tamiz judicial de validación.

Tan sólo tres artículos proponen una interpretación a una ley derogada en 2001 para que tenga aplicación en un fallo actual que ayer cumplió una semana, que consideró el 2x1 aplicable para delitos de lesa. En el primero, se acota su margen de inclusión a los crímenes contra la humanidad. Los otros dos cierran que el cómputo doble sólo se aplicará a aquellos que estuvieron detenidos mientras la ley estuvo vigente (entre 1994 y 2001), y aclarando que ésta es la "interpretación auténtica" que debe hacerse del beneficio como ley penal "más benigna" y que "será aplicable a las causas en trámite". La resolución del conflicto utiliza el concepto "interpretación auténtica" para subsanar el vacío legal del que se tomó la Corte. En lo concreto, cerrará el episodio que desató vendaval de pedidos de excarcelación a represores. Esa redacción fue consensuada con los tres jueces que conformaron la mayoría como vía de salida, en el marco de una contundente movilización a la Plaza de Mayo que concentró el repudio a la sentencia suprema y deja interrogantes a futuro sobre cómo queda parado el tribunal.

Según el tamiz con el que ponderen los vectores que disparó el fallo, la perinola podría arrojar un "todos ganan", o un "todos pierden". Hubo una salida institucional donde los tres poderes del Estado se pusieron en marcha y se despertó una respuesta inédita desde un sector social que se sintió interpelado ante las consecuencias que implicaba el fallo. Pero como contracara se tomó nota de la silbatina generada en la multitudinaria movilización cuando se nombró a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti -autores del fallo-, que además se toparon con la resistencia de un importante sector del Poder Judicial que se negó a convalidar como doctrina la sentencia en el caso Muiña para aplicar a la sucesión de peticiones de las defensas. El riesgo de que la credibilidad del Tribunal se vea afectada se percibirá en las próximas semanas cuando se convoque a audiencias públicas por el caso de la educación religiosa en escuelas públicas de Salta y cuando se defina el caso de la libertad de Milagro Sala. La nueva ley consensuada con todos los bloques políticos descomprimió el malestar en tribunales orales y fiscalías que habían iniciado la rebeldía tras el fallo mal calibrado por sus efectos colaterales.

Ricardo Lorenzetti se erigió como triunfador silencioso de la contienda. No integró la mayoría, votó en sintonía con mantener la distancia de cualquier situación irritante vinculada con delitos de lesa humanidad y aguardará que los tres pedidos de juicio político impulsados por el kirchnerismo pasen a acompañar el suyo en la comisión parlamentaria.

Para despegarse aún más de una situación de la que se enteró cuando estaba consumada, la Casa Rosada se aseguró que la Comisión que auspicia, encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal, consensuara que el primer título del nuevo Código se referirá a los "delitos contra las personas y la humanidad".

Con el conflicto encauzado -y sin margen para solturas masivas- preocupó a la Asociación de Magistrados el señalamiento a los tres supremos y se pronunció en un comunicado por defenderlos tanto del juicio político como de la causa penal en la que fueron imputados por posible prevaricato. Ese expediente se apresta a ser descartado en los próximos días por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito.