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Nuevas pruebas contra Botnia
La actividad de la pastera sigue siendo motivo de discordia entre ambos países.
La estocada corrió por cuenta del presidente y la secretaria de la Asamblea, Oscar Bargas y Marta Gorrosterrazú, quienes -de la mano del carácter de «querellante particular» de la entidad- aportaron nuevos elementos ante la Secretaría 1 en lo Criminal y Correccional del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
El juez Gustavo Pimentel hizo lugar a la presentación inicial, aunque ahora deberá decidir sobre otras medidas solicitadas por los ambientalistas.
En su presentación, los asambleístas aseguran que «los delitos de acción permanente que se investigan se han visto agravados por hechos recientes en los que el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) han reconocido la mayor afectación de las aguas del río Uruguay».
Tras una de las visitas que el Comité Científico binacional concretó a la pastera, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, la delegación argentina ante la CARU hizo reservas formales de queja ante una potencial nueva violación del tratado del río compartido, de 1975.
La medida se adoptó porque Uruguay autorizó de manera unilateral que la planta emita sus efluentes al río hasta los 37 grados, cuando sus permisos originales eran por hasta los 30 grados.
«A eso se suma que en el funcionamiento del Comité Científico formado a nivel de la CARU, en consonancia con el proceso de monitoreo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya al resolver el litigio entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, se produjo la renuncia de Juan Colombo», detalló además la presentación judicial.
«Este integrante tiene conocimiento tanto de la situación del curso con anterioridad a la instalación de Botnia como luego de su entrada en funcionamiento, al haber intervenido en la preparación de la demanda ante la CIJ, como también en mediciones posteriores que tienen sustento oficial», dice el escrito.
En esa línea, pidieron que se cite a prestar declaración testimonial a Hernán Orduna como titular de la delegación argentina ante la CARU, al médico Martín Alazard, al bioquímico Carlos Goldaracena (estos dos últimos, asambleístas) y al propio Colombo.
El 1 de septiembre pasado, Pimentel pidió a la Asamblea que remita un pliego con preguntas para formular a Orduna, «en virtud de que por el cargo que reviste el nombrado puede optar por prestar declaración por escrito».
El magistrado además ordenó a la Municipalidad de Gualeguaychú y a la Secretaría de Ambiente de la Nación que «remitan los informes y documentación que posean correspondiente a controles, monitoreos y exámenes de la vigilancia ambiental del río Uruguay».
Del mismo modo, Pimentel pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la CARU que remitan informes y documentación respaldatoria de los pasos dados por el monitoreo conjunto y que se informe además sobre la visita efectuada a la empresa UPM (ex Botnia). Por último, el juez accedió a remitir de nuevo el exhorto dirigido a las autoridades de la República Oriental del Uruguay para que sean citados los directivos de Botnia.
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