Nuevo capítulo de la novela de inflación local

En estos días se ha levantado el tono de las voces que hace rato vienen señalando a la inflación como la madre de todos los problemas que está enfrentando la macro Argentina. No es para menos. Hay varias razones para pensar que esto es así y casi todas pasan por el efecto destructivo de la inflación sobre la credibilidad del régimen cambiario. Es que el atraso cambiario y las distorsiones de precios relativos son dos compañeros casi inseparables de las crisis macroeconómicas que ha sufrido el país. La explicación más escuchada de por qué llegamos a esta situación dice que el Gobierno decidió imprimir demasiado dinero. Esta nota argumenta que nos debemos algunas explicaciones algo más elaboradas que lo que hemos estado escuchando.

Es que el caso argentino de los 2000 ha sido un verdadero laboratorio experimental, tal que requiere una reflexión un poco más cuidadosa. Para entender mejor lo que ha estado pasando hay que empezar por el principio de los principios. En macroeconomía ello significa hacerse la pregunta sobre la definición y los determinantes del crecimiento de la economía. El consenso en economía siempre ha sido que definir el crecimiento es fundamental para entender la estabilización del producto (y del nivel de precios) a lo largo de su sendero. Y que este sendero viene determinado por el lado de la oferta en donde la acumulación de capital y el cambio tecnológico juegan un papel central. Los matices que pueda haber en torno de esta definición son secundarios respecto del rechazo más fundamental que ha ocurrido desde la década pasada. Este rechazo y replanteo argumenta que el crecimiento viene determinado por la demanda efectiva. Puesto en otros términos, es un desafío a la idea y a la evidencia empírica aceptada en economía que en el largo plazo es el PBI el que causa al consumo y al dinero y no viceversa. El hecho de que esta causalidad se invierta en determinadas condiciones en donde la economía está en recesión no significa -según la visión convencional en economía- que se deba aceptar que el consumo y el dinero pueden determinar el crecimiento de un país. En cambio, cuando la visión alternativa se consolida ocurre un quiebre muy grande en materia de doctrina y políticas.

En primer lugar, según esta visión el producto potencial de la economía no puede definirse aisladamente, ni puede ser aceptado para llevar adelante una macro prudencial de estabilización. En segundo lugar, son las políticas de expansión continua de la demanda agregada las que resultan indispensables para definir y sostener el crecimiento.

Cuando se reconoce esta redefinición doctrinaria del crecimiento y del rol de las políticas públicas creo que se clarifican muchas cuestiones del caso argentino de la última década.

En primer lugar, que esta doctrina ya estaba perfectamente explicitada en la plataforma de Néstor Kirchner y como tal fue puesta en vigencia el 25 de mayo de 2003 (cuando la economía ya estaba saliendo del fondo de la crisis). Así, mucho de lo que hemos visto después en materia inflacionaria es la consecuencia lógica de esta doctrina. Es decir, no hay un «antes» y un «después» de 2004, 2005, 2007 o 2010 como argumentan algunas personas muy respetables que estaban subidas al barco antes y no después de esas fechas.

En segundo lugar, la Argentina de los 2000 es en algún sentido un caso raro para el modelo de finanzas públicas inflacionarias porque resulta muy paradójico que un país con un superávit fiscal primario de entre 6 y 8 billones de dólares entre 2005 y 2007 (y con capacidad para bajar el costo de hacerse de recursos) agarre la maquinita y vaya al frente con todo en la recaudación del impuesto inflacionario (o del señoreaje por la emisión de dinero, como se le dice). Este episodio ayuda de paso a saldar algún debate -como hace todo buen experimento- entre lo que los economistas llaman el rol «activo» o «pasivo» de la política monetaria y en lo que se llama la teoría fiscal del nivel de precios (que dice que la inflación deviene de los déficits).

En tercer lugar, lo que hemos visto estos años también ayuda en algún sentido a relativizar o calificar mejor a las explicaciones de la inflación basadas en el deterioro de las finanzas públicas en donde existen «malos» de la película -notablemente las provincias argentinas- que perforan el Presupuesto nacional y llevan a mayor emisión. Más bien las provincias no sólo han sido las convidadas de piedra en la «reforma tributaria» que se profundizó con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, sino también -y tal vez más importante- han sufrido las externalidades negativas para sus finanzas de esa reforma, a través de las consecuencias de la inflación salarial.

A esta lista se podrían sumar muchas otras observaciones. Pero una muy importante es que la sostenibilidad de esta larga expansión de la demanda agregada (al margen o no del debate de viento de afuera o virtudes domésticas) ha permitido a su vez sostener un salario real creciente y, de este modo, anestesiar los costos de la inflación para la sociedad. Es que es la mayoría de la sociedad la que ha dado el beneficio de la duda para que avanzara el experimento de los 2000, del mismo modo que lo dio en los 90. Y va a ser sólo la mayoría de la sociedad la que va a indicar un cambio de rumbo, cuando los costos de la inflación se traduzcan en caída del salario real y de la actividad, si es que ya estamos finalmente en los límites de la expansión de la demanda y el abandono de políticas expansionistas. Pero cuando ese momento se presente, no va a tratarse simplemente de reformular las políticas fiscales y monetarias y arreglar los precios relativos. Lo que va a emerger va a ser la necesidad de retornar al principio y definir el crecimiento, sus determinantes y las políticas que están detrás. Éste va a ser el meollo de la próxima reconquista de la estabilidad de precios.