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Once horas de tensión por una rebelión policial en Buenos Aires
• Luego del choque con La Cámpora el lunes durante la asunción de Daniel Scioli
Los efectivos se concentraron en el destacamento de Infantería de La Plata. En simultáneo, Daniel Scioli reunió a su gabinete para avanzar en una solución al conflicto.
-precisamente cuando juraba el gobernador, el pasado lunes- que dejó dos jóvenes K heridos.
La revuelta se inició por la mañana, pero luego circularon versiones en torno a un supuesto contagio insurrecto de efectivos de La Matanza, Avellaneda, Glew, Morón, Ituzaingó, Wilde y Mar del Plata. Caballería de toda la provincia y algunas comisarías platenses y del conurbano. Pero anoche fuentes gubernamentales aseguraron que la revuelta se centró sólo en La Plata.
Tras mantener un encuentro por la tarde con el juez de Garantías de La Plata César Melazo, los seis policías separados del cargo les pidieron a sus compañeros deponer la protesta y «retomar las actividades» para que «esto se esclarezca», tras recibir la garantía -dijeron- de que «no va a haber sanciones para nadie». En esa línea, hoy declararán ante Asuntos Internos.
Pero las primeras voces que se alzaron fueron a contramano de esa pretensión. «Nos quedamos; no somos extorsionadores», afirmó uno de los manifestantes, quienes agregaron a los reclamos consignas más amplias de corte laboral. Finalmente, la protesta en Infantería fue levantada pasadas las 19, a la espera de que se expida Asuntos Internos.
Los insurrectos exigieron la «inmediata reincorporación» de los miembros desplazados por orden del Ejecutivo. «Somos seis efectivos que, por resguardar la seguridad del señor gobernador, ahora nos encontramos afuera; por trabajar», argumentó uno de los policías cuestionados, Walter Revoredo.
«No se negocia; deberán hablar con el ministro (por el titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal) cuando depongan su actitud», fue sin embargo la orden que le dio, temprano, Scioli al flamante jefe de la Policía, Hugo Matzkin.
La urgencia activó el engranaje de la estructura ministerial diseñada por Scioli, que incluye a dos civiles a cargo de áreas clave de la fuerza: el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, y el Operativo, Emiliano Baloira.
«Les garantizamos celeridad en la investigación, la posibilidad de que aporten las pruebas a su alcance y que no habrá arbitrariedad, pero no habrá negociación; aconsejo que descompriman la situación, porque el Gobierno no va a actuar bajo extorsión para cambiar una decisión que es un acto administrativo usual», afirmó por su parte Casal. «Vamos a ser intransigentes con las decisiones tomadas», enfatizó, por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez.
Según los manifestantes, durante el operativo de seguridad en la Legislatura recibieron la orden de que «no ingresaran más que 150 o 170 personas a los palcos, por miedo a que se cayeran». «Llegaron de La Cámpora o algo así con cánticos de que cueste lo que cueste vamos a ingresar; hubo una refriega muy intensa y nos empezaron a tirar con maderas, pero no ingresaron: obedecimos la orden», se defendió uno de los efectivos. Buena parte de las miradas apuntó ayer al jefe de Seguridad del Senado, el coronel Santana, nombrado durante la gestión de Felipe Solá y que volvió al cargo tras el ACV sufrido por Alberto Balestrini.
Los incidentes del lunes estallaron durante la ceremonia de jura en la Legislatura de Scioli y de su vice, el ultra-K Gabriel Mariotto, cuando 50 miembros de La Cámpora pretendieron acceder al recinto. Pero fueron frenados por efectivos de Infantería -que sugestivamente participaban del operativo-, lo que derivó en incidentes que dejaron siete heridos leves: dos militantes K y cinco uniformados. Poco después, Scioli le ordenó a Casal que Asuntos Internos «desafecte» al personal policial y al subcomisario a cargo. «No toleraré ninguna acción de la fuerza pública contra militantes políticos», sostuvo.
En reacción, ayer los manifestantes se instalaron en la Dirección de Infantería, en la capital bonaerense. En un intento de destrabar el tenso conflicto, Matzkin desembarcó poco después en el lugar. Por su parte, y tras asistir a una reunión de gabinete de Scioli, Pérez defendió la decisión de desplazar a los uniformados. «Actuamos según los mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones, y no con arbitrariedades», enfatizó.


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