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ONU pide frenar desalojos de indígenas
«Suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas», solicita el informe.
«La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas», afirma el informe, elaborado tras una misión de Anaya a la Argentina en 2011, donde visitó Buenos Aires y 10 de las 23 provincias y recogió 170 testimonios.
La delegación de la Argentina respondió que mediante la Ley de Emergencia 26.160 los desalojos de esas tierras han sido suspendidos hasta noviembre de 2013, pero admitió que «luego de verificar la ausencia de requisitos exigidos, han ordenado desocupaciones». Actualmente persisten denuncias de integrantes de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao de Neuquén, del pueblo Qom de Formosa, del pueblo Omaguaca de Jujuy y del Wichí de Salta, por incumplimiento de la mencionada ley.
Según datos oficiales, los indígenas en la Argentina serían 600.329, el 1,7% de la población, aunque otras fuentes consultadas por Anaya los cifran en 2 millones, para constituir unos 30 pueblos autóctonos.
«Los problemas de los indígenas en la Argentina derivan de la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades» que «no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras acorde con sus formas de uso y ocupación», concluye el informe de Anaya.


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