Operativo Centolla de la Marina, con Malvinas en la mira

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En línea con la presión del Gobierno para que Gran Bretaña se siente a negociar por la soberanía de las Malvinas, la Armada argentina llevó adelante un megaoperativo aéreo de control marítimo en aguas australes. La misión se cumplió con la cobertura del ejercicio Centolla, que se extendió desde el 21 al 29 de noviembre pasado. Los aviones navales se desplegaron desde sus bases de asiento en Punta Indio, Comandante Espora y Almirante Zar para operar en las bases aeronavales que la Armada tiene en Río Grande y Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, que fueron el epicentro de la movilización aérea en 1982.

En su último reclamo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Gobierno advirtió sobre la posibilidad de suspender los vuelos comerciales que unen las islas con el continente que fueron pautados en entendimientos provisorios con el Reino Unido.

Más de 20 aviones navales, entre ellos P-3B Orión, cuatrimotor de exploración y búsqueda y salvamento; S-2 Turbo Tracker, de guerra antisubmarina; helicópteros Sea King y AS 555 Fennec; los míticos Super Etendard -que en el conflicto con Gran Bretaña hundieron con misiles Exocet al destructor Sheffield y al buque logístico Atlantic Conveyor-, y hasta aeronaves de instrucción Turbo Mentor T-34C participaron del megaoperativo, que incluyó además fuerzas de infantería de marina.

Funcionarios del Gobierno fueguino y de la Cancillería -Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur- sobrevolaron durante ocho horas en un avión explorador Orión la zona caliente del Atlántico sur próxima a Malvinas y también aguas del continente antártico.

Detección

Se hizo pública la detección de una decena de navíos y fueron identificados los buques científicos Las Palmas (bandera española) y Ocean Explorer (estadounidense). No trascendieron datos sobre la flota de pesqueros españoles que faena en aguas malvineras con permisos de pesca otorgados por el Gobierno kelper.

Guillermo Gómez
, secretario de Relaciones Institucionales fueguino, enviado de la gobernadora Fabiana Ríos, informó que «el relevamiento tiene como objetivo saber la cantidad e identificar a los buques existentes, y detectar la pesca clandestina en nuestras aguas». «Desde la provincia no tenemos la facilidad para efectuar este tipo de operativos, desconocemos puntualmente qué sucede del paralelo 60 hacia abajo, el sobrevuelo es una forma de ratificar nuestra jurisdicción provincial y la soberanía argentina», concluyó.

El Operativo Centolla coincidió con una nota de advertencia enviada por el embajador argentino en España, Carlos Bettini, a la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape), cámara que agrupa a los pesqueros con puerto de registro en Vigo; el texto puntualiza que el país efectúa controles a los buques españoles con licencia británica y a los de otros pabellones pero de capital español porque «las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio argentino».

La carta no da lugar a otra interpretación que no sea la ilegalidad en que se mueven los pesqueros españoles en el caladero de Malvinas por carecer de autorización del Gobierno argentino.

Quejas

La cámara de pesqueros de Vigo se había quejado ante Bettini por el «acoso» de naves de la Prefectura Naval Argentina. Los guardacostas son los encargados de interrogar por radio a pesqueros españoles que operan en las Malvinas si cumplieron con el pedi-do que regula el Decreto Nº 256/2010.

La norma establece que «todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente».

La autorización o la negativa al pedido de marras corre por cuenta de la jefatura de Gabinete en el marco de una decisión que se adopta en la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones integrada por los ministerios de Planificación Federal, Relaciones Exteriores, Economía, Seguridad, Justicia y Turismo.

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