Otra semana de parálisis en Santa Cruz

Tras un feriado por el Día del Trabajador marcado por las protestas, arrancó ayer en Santa Cruz otra semana laboral signada por los paros de estatales, docentes (otras 96 horas), judiciales y trabajadores de la Salud, en reclamo a Alicia Kirchner (FpV) del fin de los retrasos salariales y de una recomposición de sueldo.

En paralelo, anoche se desarrollaba una nueva asamblea pública en Río Gallegos, en la que gremios, padres y estudiantes debatían medidas conjuntas para exigir a la mandataria una solución a la crisis y la normalización del distrito.

La estocada gremial se percibe con especial dureza en el plano de la educación, ya que el ciclo lectivo 2017 virtualmente no arrancó aún -el calendario duro marcaba un inicio el 6 de marzo- y ADOSAC cumplió ayer 33 días de huelga.

En las últimas horas, al menos en el caso de los maestros, el Gobierno santacruceño logró pagar a duras penas el salario de marzo. Sin embargo, le resta aún abonar el aumento sellado en 2016, y ya debe afrontar el compromiso de los sueldos de abril y, en el corto plazo, el primer medio aguinaldo.

Los docentes además exigen que el Ejecutivo mejore la oferta del 3% desplegada a fin de marzo, aunque desde despachos oficiales remarcaron que las negociaciones serán retomadas sólo cuando sean levantadas las medidas de fuerza.

La exministra de Desarrollo Social necesita un urgente salvataje financiero, que en rigor está supeditado a que eleve a la Casa Rosada un programa de ajuste gradual del déficit -en Balcarce 50 lo esperaron, sin éxito, el viernes- en pos del equilibrio fiscal en 2019.

En esa línea, ayer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, insistió en que el auxilio a Santa Cruz "está sujeto a una serie de condiciones" que demuestren "la credibilidad de un plan, en el cual se comprometa la gobernadora".

De ser aprobado por Nación, ese plan derivará en lo inmediato en el aval para un préstamo del Banco Nación por entre $750 millones y $900 millones. Pero además activará el llamado a una mesa de diálogo con fuerzas políticas santacruceñas para consensuar mejoras institucionales -como el fin de la distorsiva Ley de Lemas y de la reelección indefinida-, lo que a su vez abrirá la puerta para una asistencia más integral desde la Casa Rosada, incluida la autorización a un bono por u$s350 millones.

El domingo, Kirchner insistió en que el ajuste no pasará por un recorte de la planta de estatales.

Con esta tensa pulseada como telón de fondo, ayer el Gobierno de Santa Cruz se encargó de difundir -en su página oficial- que "Nación autorizaría la habilitación de Zonas Francas, excluyendo automotores" en la provincia.

Según el Ejecutivo provincial, el dato fue confirmado por "autoridades del Gobierno nacional" al ministro de Producción local, Leonardo Álvarez, mientras que -sostuvieron- "en los próximos días" equipos técnicos de las carteras productivas nacional y provincial avanzarán en la reglamentación.

Pero consideraron "llamativa" la exclusión de la venta de vehículos, lo que le evitaría una competencia -afirman- para el Grupo Costa, del diputado nacional radical y excandidato a gobernador Eduardo Costa. "Es sugestivo que el único rubro que presenta inconvenientes para ser habilitado sea justamente el que podría generar una competencia con el grupo oligopólico que opera en Río Gallegos y es propiedad del diputado Costa, impidiendo que los santacruceños puedan acceder a una mejor oferta, primando intereses personales por sobre los del colectivo de la sociedad", sostuvieron.