Otro cruce de jueces y Gobierno por inseguridad

La Asociación de Magistrados se embarcó en un nuevo cruce con el Gobierno a raíz de las declaraciones de Cristina y Néstor Kirchner respecto de la supuesta falta de actuación de la Justicia frente a los casos de inseguridad.

El titular de la asociación, Ricardo Recondo, emitió un comunicado en el que destaca que la entidad «rechaza de plano las distintas manifestaciones vertidas desde el Gobierno nacional que -con inocultable propósito mediático- pretenden deslindar su propia responsabilidad, culpando al Poder Judicial por cuestiones relativas a la falta de seguridad» y resalta que esta problemática es «de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo».

Recondo, quien desde que está al frente de la Asociación de Magistrados protagonizó numerosos enfrentamientos con el kirchnerismo a partir de debates como la independencia judicial y las supuestas presiones políticas a los jueces, agregó que «es imperioso destacar que resulta ajeno a las facultades de los magistrados todo lo relativo a la prevención del delito». En este punto, el comunicado también subraya que las funciones de las Justicia «se limitan a la aplicación -para el juzgamiento de los crímenes ya cometidos- de las leyes dictadas por el Poder Legislativo en el marco reglamentado por el Ejecutivo».

Tanto la Presidente como su esposo hicieron declaraciones públicas la semana pasada en que criticaban la supuesta falta de accionar de la Justicia frente a hechos de inseguridad.

«Quienes delinquen van a ir al lugar que corresponde (...) No hay sociedad que pueda sobrevivir a una Justicia permeable, a que cualquiera que comete un delito al otro día esté en la calle», señaló Néstor Kirchner durante un acto en el que además se propuso una «reforma» para lidiar contra las excarcelaciones.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Magistrados defendió la tarea de los jueces, al señalar que «debe recordarse que las excarcelaciones son dispuestas o desestimadas con estricto apego a la normativa de aplicación cuya modificación no depende de los jueces» y resaltó que «cualquier apartamiento de los magistrados con relación a esos extremos los colocaría en situación de ser requerida -a su respecto- la iniciación de un proceso de remoción por mal desempeño».