La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal tuvo un nuevo guiño hacia el Gobierno en la denuncia promovida por el diputado massista Felipe Solá contra el decreto que habilitó la participación de familiares de funcionarios y exfuncionarios en el blanqueo de capitales, a contramano de lo que prescribía en un principio la ley aprobada por el Congreso. Bajo el argumento de una cuestión de procedimiento, el juez Ernesto Marinelli desestimó el pedido de cautelar de Solá ya que -de otorgarse- estaría adelantando el fallo sobre el fondo de la cuestión, algo que se espera para los próximos días.
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En la práctica, no valida el decreto firmado por Mauricio Macri que cosechó reproches en el ámbito político por haber sido parte de la discusión parlamentaria en la previa de la aprobación del proyecto inicial. Sólo considera que no se trata de la vía adecuada para su tratamiento. Pero según pudo saber Ámbito Financiero, sobre la cuestión comienza a tener relevancia un expediente paralelo iniciado por la agrupación AJUS (Abogados por la Justicia Social) que había iniciado una demanda primero pero que había quedado relegado en el avance con respecto al de Solá. La diferencia con el expediente del diputado del Frente Renovador es que el grupo de letrados referenciados en el kirchnerismo intentaron un camino diferente: solicitaron por la vía ordinaria la anulación de casi todo su articulado y que se los declare inconstitucionales, pero no recurrieron al amparo sino a una acción declarativa que quedó en manos de la jueza Rita Ailán. Aunque no concedió la feria para su tratamiento, la magistrada deberá ahora resolver la pertinencia procesal de esa demanda que ya no tiene el problema procesal que detectó Marinelli, cuya respuesta sobre el fondo de la cuestión tampoco es predecible.
La firma del Decreto N° 1206 había motivado también la apertura de una investigación penal en los tribunales federales de Comodoro Py, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan. En la denuncia a cargo del juez Ariel Lijo y realizada por la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, se investiga si Mauricio Macri y los funcionarios que firmaron el decreto como Marcos Peña y Alfonso Prat Gay (extitular de Hacienda) pudieron haber cometido un delito con la firma de esa resolución porque podrían estar beneficiando intereses directos de miembros de familiares de miembros de la actual administración.
Con ese decreto vigente, el proceso general de blanqueo estará vigente hasta el 31 de marzo.
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