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Oyarbide investiga complot
«Es una denuncia de oficio que intenta establecer quién estuvo detrás de todo esto, si fue hecho de manera organizada y si se cometieron delitos de competencia federal más allá de la usurpación», le dijo a este diario Stornelli. El fiscal agregó que al realizar la presentación tomó en cuenta que «no hay hasta ahora ningún juez investigando desde el punto de vista de una posible organización» de la toma del predio de Villa Soldati.
La documentación radicada en el juzgado de Oyarbide incluyó un correo electrónico, de origen anónimo, enviado a la casilla de correo personal de Stornelli, con datos del posible complot, así como nombres de los eventuales instigadores y cómplices. El mail quedó incorporado en el expediente, pero según el fiscal «no fue el motivo inicial de la denuncia, sino la necesidad de investigar» desde la óptica federal.
La toma del Indoamericano es el eje de varios expedientes en trámite. Los principales están a cargo de la jueza porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori, relacionados con el desalojo y la situación de los ocupantes del predio, y del juez en lo Criminal de Instrucción Eliseo Álvarez, que investiga los tres asesinatos cometidos la semana pasada luego de la usurpación. En este caso, quedará a cargo Oyarbide y actuará también el fiscal Carlos Rívolo.
En la presentación de Stornelli se le pide a la Justicia indagar sobre la posible existencia de «eventos criminosos de sedición con motivo de un organizado plan de usurpación y despojo de bienes públicos». Y recoge también notas periodísticas en las que se sindica la eventual participación de punteros políticos en los hechos de violencia.
En esa línea, apunta a establecer si hubo «cómplices y encubridores de quienes tomaron directa intervención en los hechos, así como también quiénes conspiraron contra los poderes del Estado teniendo en miras los fines expuestos». El fiscal y ex ministro pidió ampliar la investigación a las otras tomas o intentos que se produjeron en los últimos días en predios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y también, sobre «quienes amenazaron públicamente a la comisión de tales episodios», agrega.


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