Pago al FMI con fondos “fugados”: oficialismo activó cambios tras varios errores y apura dictamen

Dos expositores solicitados por la oposición destrozaron las iniciativas originales impulsadas por el cristinismo. Insólitas dudas sobre la calificación de “blanqueo”. Oscar Parrilli explicó modificaciones y acelerarían un despacho para votarlo a finales de este mes o a inicios de mayo próximo.

contundente. La abogada Jimena de la Torre expuso ayer en un plenario de comisiones en el Senado y pidió, con argumentos de sobra, volver a cero y escribir otra iniciativa.

Tras reconocer severas fallas en la redacción del articulado, el cristinismo senatorial leyó activó ayer un combo de modificaciones al proyecto que busca pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos “fugados”. Todo esto ocurrió en un plenario de las comisiones de Legislación General; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que volverá a reunirse desde las 14 de hoy para avanzar con un eventual dictamen.

“Hay que barajar y dar de nuevo con este proyecto, mínimamente. La ley, como está, no sirve para nada. Perdón que sea tan bruta, pero son demasiados los artículos a retocar”, aseguró la abogada Jimena de la Torre, quien destrozó la iniciativa original del oficialismo y pidió otro texto.

“Lo que se necesita es crear un fondo de asignación específica para que lo que investigue la AFIP, o lo que se encuentre en base a los tratados de colaboración internacional, se destine al pago al FMI. Es mucho más simple y nos va a evitar un montón de dolores de cabeza”, manifestó De la Torre, invitada por la oposición para exponer en el plenario de comisiones.

En resumen, la abogada -y electa consejera para la flamante integración Magistratura- alertó sobre el desfase “entre los fundamentos y el proyecto”, que convierte “al Estado nacional en un vehículo de lavado de activos”. También apuntó a revisar todas las cuestiones legales para no terminar en listas grises de organismos internacionales, así como el origen de los fondos y, claro está, aclarar que con las leyes que impulsa el cristinismo no se permitirá un guiño tributario y penal para con la trata de personas, narcotráfico y ventas de armas, entre otras cuestiones. “Si pago el 20%, me quedo con el ilícito”, detalló.

Minutos antes de la expositora disertó el contador Andrés Edelstein, quien advirtió que “sería la quinta oportunidad” en pocos años en los que el Estado nacional fomenta un blanqueo. El especialista explicó las circunstancias que ayudan a empujar dichas situaciones y que hoy no estarían dadas, y que la contracara es la merma en el incentivo del pago de impuestos en cumplidores.

Un dato que deslizó -con criterio- Edelstein fue que “en el acuerdo con el FMI, el Gobierno señala que las amnistías fiscales que desincentivan van a ser evitadas”. Otros puntos que remarcó el contador: la iniciativa original no tiene una fecha de corte para deber el aporte por bienes en el exterior, y las dudas sobre la carga tributaria de una eventual ley en relación con la normativa vigente. Además, él y De la Torre solicitaron un marco serio y profesional para la figura del “colaborador”.

El cristinismo no se mostró muy sólido ayer, con interrupciones muy poco claras de Juliana Di Tullio. Sobre el final del plenario, y antes de un cuarto intermedio hasta las 14 de hoy, Oscar Parrilli anunció modificaciones previstas en el despacho que impulsará el Frente de Todos. El legislador neuquino rectificó que el fondo será para “cancelar deuda con el FMI, ya sea la presente y futura, sin prórroga”.

Por otra parte, anunció que se “ampliarán las facultades de la AFIP para dictar procedimientos”; que “el monto que se deba pagar se cobrará en efectivo y en un plazo hasta 12 meses, en cuotas mensuales, para facilitar la percepción”; y que se aplicará un guiño desde lo “penal tributario y la evasión fiscal, pero para nada se contemplará el lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico” y otros ilícitos.

Además, los bancos serán agentes recaudadores, pero si en su jurisdicción de origen no colaboran, la AFIP podrá pedir al Banco Central que multe a la filial local. Además, el colaborador deberá siempre aportar información “veraz, confiable, contundente y sincera” para no difamar, y se creará un nuevo programa en el Ministerio de Justicia para “garantizar el anonimato”.

El monto mínimo para denunciar será de u$s500.000, para no activar mecanismos de persecusión “sin ningún sentido”. y los dólares tendrán que “ser repatriados, no saldrán del funcionamiento de la economía argentina, ya que se necesitan para el funcionamiento local”, mencionó Parrilli.

Quienes queden alcanzados por la eventual ley, abonarán el 20% de sus bienes no declarados. El texto sostiene que “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”. En tanto, el colaborador será premiado con el 30% de lo que se obtenga.