Con la adhesión al tribunal, como explicó un funcionario de la Cancillería del Gobierno de Ramalá, "el Estado palestino podrá empezar" desde ya a "presentar documentación relativa a posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en los territorios palestinos" y atribuidos a las fuerzas israelíes.
Esto está previsto para hoy mismo, tras el vencimiento del plazo de 60 días posterior a la admisión formal al máximo organismo judicial internacional, ratificada el 2 de enero por el pedido de adhesión palestino al Estatuto de Roma.
El Gobierno de Israel, país que en cambio no ha adherido al Estatuto de Roma y por tanto tampoco a la CPI, tachó el gesto del presidente Mahmud Abás como unilateral y lo respondió con una serie de represalias, entre ellas la suspensión del desembolso de los impuestos recabados por cuenta de la Autoridad Palestina (ANP). Esta decisión fue retirada hace pocos días.
Algunas versiones de prensa habían vinculado la decisión del reelecto primer ministro, Benjamín Netanyahu, de frenar este punto a alguna suerte de "acuerdo tácito" entre el Estado judío y la AP para que esta última suspendiese su marcha hacia la CPI y asegurase la continuación de la coordinación de seguridad con las autoridades israelíes. Pero se trató de una interpretación desmentida por Ramalá, y ahora también por los hechos.
En virtud de la adhesión al Estatuto de Roma, los palestinos pidieron a la Corte que investigue posibles crímenes denunciados: delitos que habrían sido cometidos después del 13 de junio de 2014, fecha de inicio, según el representante palestino, de una "escalada militar israelí contra la Franja de Gaza tras el secuestro y muerte de tres jóvenes judíos en Cisjordania. El Gobierno de Netanyahu acusó por ese hecho al grupo islamista Hamas.
La CPI, con base en una norma del mismo Estatuto, abrió el pasado 16 de enero una investigación preliminar. Pero ahora la dirigencia de Ramalá, que a partir de hoy contará con la adhesión plena a la Corte, tiene intención de someter a la atención del tribunal otros casos concernientes la guerra de Gaza, a la expansión de los asentamientos judíos y a la explotación de los recursos en los territorios palestinos ocupados.
Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la AP explicó que las investigaciones de la CPI (encabezadas por el fiscal general Fatou Bensouda) podrían tomar en consideración también crímenes cometidos por facciones palestinas, en particular de Hamás.
Ésta es la intención de Israel, que por esa vía busca desalentar las acusaciones en su contra.
El negociador palestino Saeb Erekat subrayó que "para la ley internacional el Estado de Palestina está bajo ocupación en sus partes de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza": partes que serán a partir de ahora sujetas, al menos desde el punto de vista teórico, a la jurisdicción de los jueces de La Haya.
| Agencias ANSA y AFP |
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