• GARAVANO Y LORENZETTI MANTUVIERON UN ENCUENTRO Y ENVIARON SEÑAL DE DISTENSIÓN Exigió a Arribas saber qué medidas tomó con agentes encargados de grabaciones a Cristina y ante eventual filtración desde central de espías. Consejero juez, a cargo de investigar a Ballestero y Farah.
Señalado. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas fue apuntado por la Corte, que ayer recibió una gira de recomposición de relaciones realizada por el Ministro de Justicia, Germán Garavano.
Las ráfagas de metralla que vienen siendo disparadas en la guerra desatada entre los tribunales federales de Comodoro Py, la Corte Suprema y el Gobierno nacional, ahora apuntaron hacia la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En una carta dirigida al jefe de los espías, Gustavo Arribas, los cinco ministros exigieron saber qué medidas había adoptado para detectar a los responsables de las filtraciones de las escuchas a la expresidente Cristina de Kirchner. Y sobre todo, cómo podía asegurar la confidencialidad del proceso de pinchaduras telefónicas a cargo de sus agentes. La requisitoria no es nueva: desde la oficina de inteligencia ya habían deslindado responsabilidad, pero la insistencia del máximo Tribunal los vuelve a colocar en el ojo de la tormenta. Mientras tanto, como adelantó Ámbito Financiero, hubo una señal tranquilizadora a los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, amenazados en un principio por el oficialismo con el inicio de un juicio político. El caso quedó en manos de uno de los consejeros jueces, lo que liberó presión ante un sector de los federales que ya se pintaban la cara para una eventual "batalla de expedientes".
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El otro intento para descomprimir el clima quedó plasmado en el road show que encaró el ministro de Justicia, Germán Garavano por el cuarto piso del Palacio de Tribunales. De forma individual visitó ayer a los jueces Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Cerró la gira por la Corte en el despacho de Ricardo Lorenzetti donde trataron como tema central la agenda de reformas prevista, por un lado en el programa Justicia 2020 y por otro, las que planteó el propio Lorenzetti para la Justicia. Desde la cartera de Justicia, reclamaron apoyo a la necesidad de aplicar cuanto antes el sistema acusatorio, con investigaciones en manos de los fiscales. Acordaron intentar una coordinación entre ambas agendas. Todo diplomático y con gestos para descongelar la relación Gobierno-Corte tras el mazazo que significó la disolución del Tribunal Oral Federal N°9 para las aspiraciones oficiales. Obviamente, el destino del resto de los tribunales ideados por el Ejecutivo sobrevoló la conversación. Se habló del proyecto de ley del interbloque Cambiemos para ordenar el trasplante de juzgados del fuero ordinario. Garavano buscó desterrar la idea de que se trataba de un desafío a la Acordada de la Corte, sino fijar un marco normativo para evitar un nuevo revés. El Consejo, en plenario extraordinario, buscará hoy encauzar el destino de los jueces que estaban alistándose para desembarcar en el fuero federal bajo este formato de tribunales orales "a la carta".
El cónclave en el Palacio de Tribunales ocurrió luego de que los cinco miembros de la Corte firmaran una "nota" con impacto en las oficinas de la calle 25 de Mayo. Reseñaron que tanto la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos como el juez Ariel Lijo deslindaron responsabilidad en el encargo de escuchas delegado en la AFI. No solo hubo agentes en "escucha directa" a la expresidente, sino también fueron autorizados a retirar las grabaciones. La Corte recordó que encargó una auditoría parlamentaria y exigió respuestas a los funcionarios judiciales. Por eso, exigieron a Arribas que "ponga en conocimiento del Tribunal, las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas, como asimismo cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes de la Agencia su cargo". Los antecedentes del affaire por la filtración a los medios de los audios reservados ya cumplió su primer aniversario.
Reunidos en la Comisión de Disciplina y Acusación, los miembros del Consejo definieron por sorteo que Leónidas Moldes sea el consejero instructor de la investigación que ordenó la Corte por la integración de la Sala I en el fallo que confirmó procesamientos y ordenó la liberación de Cristóbal López y su socio. Tras discutir sobre la pertinencia de la discusión en esa comisión, el representante de los jueces quedó a cargo de dilucidar si existía una conexidad previa que habilitara a Ballestero convocar a Farah para desempatar la cuestión. Operadores judiciales señalaron que el resultado de la tómbola lleva alivio a los federales: Moldes llegó a su sillón de consejero por la lista que identifica al mismo sector judicial que, en Comodoro Py, integra Farah. A ambos los une la cercanía con el auditor general Javier Fernández. El oficialismo difirió para la semana próxima el sorteo de una eventual investigación patrimonial sobre los camaristas, dejando en soledad a Elisa Carrió en su denuncia por supuestos vínculos espurios.
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