La vuelta del buitre: Aurelius embiste otra vez contra la Argentina

Acusa al país de haber manipulado el INDEC durante el kirchnerismo. El Gobierno de Mauricio Macri defendió al gobierno anterior.

Loretta Preska.

La Argentina deberá hoy encarar un nuevo capítulo en la larga lista de causas que enfrenta en el exterior, en su mayoría, con tendencia perdedora. Nuevamente se abrirá esta mañana el juzgado de Loreta Preska (heredado de Thomas Griesa), para recibir las pruebas que el fondo buitre Aurelius asegura tener sobre la intervención del INDEC durante los años de Cristina Fernández de Kirchner, y la manipulación del PBI en 2013. Y con esto, la supuesta alteración en el pago del Cupón PBI que, según la acu- sación, debía hacerse en 2014.

El 18 de abril pasado había sido el turno de la defensa de la Argentina ante el juzgado de Preska, día en que se dio un curioso milagro: para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país defendieron la intervención K del INDEC. Ese día el país aseguró ante la Justicia norteamericana que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirhcner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014. Aurelius, que reclama por la manipulación del INDEC en la operación de no pago de dividendos del Cupón PBI correspondiente al ejercicio 2013 que debía liquidarse en 2015, preparó desde el 18 de abril pruebas sobre esa intervención supuestamente ilegal, las que se presentarían hoy ante el tribunal del segundo circuito de Nueva York.

El bizarro momento en que el Gobierno debió defender la gestión del INDEC en tiempos kirchneristas fue el 18 de abril en el mismo juzgado donde Argentina litigó por años contra los holdouts y fondos buitres en el “juicio del siglo” por los bonos impagos emitidos antes del default de 2001. La curiosidad del juicio actuales que toma en cuenta la deuda emitida pos default, y por movimientos realizados por el mismo gobierno que negoció la salida de la crisis. Uno de los fondos buitre (el tercero por cantidad de dinero reclamado por los títulos públicos impagos en el default de 2002) fue Aurelius. Este fondo recibió de parte de la Argentina unos u$s760 millones en abril de 2016, cuando el país oficializó el pago del dinero correspondiente al juicio perdido en los tribunales que comandaba Thomas Griesa. Se calcula que por esa operación la ganancia del fondo superó el 1.000% en dólares; con lo que se entiende la voluntad de esa casa de apuestas de seguir operando contra Argentina en todas las oportunidades posibles. Una de ellas fue la decisión del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, de modificar la base de medición del PBI correspondiente al ejercicio 2013, con lo que el país ese año creció al 2,9% y no a más del 3,2% anual. Si el país hubiera superado ese último porcentaje de alza en su producto, debería haber liquidado el cupón PBI en una cifra estimada por más de u$s3.500 millones, un monto imposible en un año donde el cepo operaba a pleno y el país estaba impedido a obtener dinero proveniente de colocaciones de deuda. Si Argentina hubiera pagado, tendría que haber tomado dinero de las reservas, algo más que peligroso (casi utópico) en un año en que los mercados pulseaban con el kirchnerismo por la estabilidad del dólar.

Lo que sí hizo el Gobierno de entonces fue cambiar en 2014 la base de medición del PBI, tomando como base del ejercicio de cálculo 2004 (ya con Kirchner en el poder) y ya no más 2003, como se realizaba tradicionalmente. Para peor, este era el año que se consideró como válido para calcular las anteriores liquidaciones del Cupón PBI por el mismo Gobierno kirchnerista, con lo que la modificación para el ejercicio 2013 resultó aún más sospechosa. Para el mercado local, la manipulación se debió a la decisión política de no pagar el cupón y proteger los escasos dólares de las reservas. Durante 2014, y mientras los operadores locales y extranjeros se debatían si había o no manipulación adrede de los porcentajes de crecimiento, la mayoría de los tenedores del Cupón PBI eligieron desprenderse de esos papeles, provocando una caída de hasta el 50% en su valor. Se supone que fue en esos momentos en los que Aurelius comenzó a comprar esos títulos públicos a destajo, adquiriendo una cartera que derivó en el reclamo actual por los u$s90 millones. Aurelius esperó a que se definiera el juicio por la deuda anterior al default y volvió a presentarse en el tribunal de Preska, pero esta vez para reclamar por estos papeles posteriores a la crisis de 2001. El fondo buitre reclama ahora por la manipulación del INDEC, y los daños generados a los tenedores de esos títulos públicos, luego de haber demostrado la tenencia de varias láminas del cupón PBI emitido en 2005, que paga un plus de dinero, en pesos y dólares, según qué tipo de título se trate, siempre que la Argentina creciera.

Los abogados que defienden a la Argentina argumentaron en abril que la gestión de Kicillof tenía el derecho de alterar los mecanismos de elaboración del INDEC, independientemente que esta decisión provocara pérdidas en los tenedores de deuda voluntaria. Y que, por otro lado, no queda demostrado en las presentaciones del litigante (el fondo buitre) que efectivamente haya habido una intervención del INDEC durante los años del kirchnerismo.

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por el “Lava Jato”.