Para su segundo mandato, que comenzó este 1 de enero, Rousseff incluyó en su multitudinario gabinete de 39 ministros a representantes de todas las fuerzas políticas que apoyaron su reelección, que configuran un heterogéneo abanico ideológico bajo el cual se cobijan la izquierda, el centro y la derecha.
Apenas seis días después del inicio del segundo Gobierno de la mandataria, las dificultades que muchos analistas previeron en esa diversidad política empezaron a manifestarse ayer en el estratégico sector agrícola.
La polémica la inició la nueva titular de Agricultura, Katia Abreu, ganadera, senadora del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño y hasta ahora líder de la "bancada ruralista" y presidenta de la patronal que agrupa a los grandes empresarios del campo, quien negó el lunes que existan latifundios en el país.
"Los latifundios no existen más", por lo que la reforma agraria no debe ser "masiva", sino centrarse en campesinos con "vocación" de trabajo, a los que, además de tierras, se les deben garantizar asentamientos "de calidad" y con la "estructura" necesaria, declaró Abreu al diario Folha de Sao Paulo.
Esa opinión fue rebatida por el nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Patrus Ananias, un histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT, de Rousseff), quien ayer asumió formalmente su cargo respaldado por representantes de movimientos sociales opuestos al nombramiento de Abreu en Agricultura.
Ananias, cuya cartera es responsable de la reforma agraria, dijo que en Brasil "no basta con derrumbar las cercas del latifundio" y afirmó que "es preciso derrumbar también las cercas que nos limitan a una visión individualista y excluyente del proceso social".
De acuerdo con datos oficiales, el 1% de los grandes empresarios del campo posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil y, según organizaciones sociales, como el combativo Movimiento de los Sin Tierra (MST), unos 90.000 campesinos permanecen acampados en el país a la espera de ser incluidos en planes de reforma agraria.
Sin embargo, los mismos movimientos sociales calculan que, en realidad, la lista de personas que pudiera beneficiarse de la reforma agraria asciende a unos cinco millones, que en su mayoría han emigrado del campo hacia las periferias de las grandes ciudades.
| Agencia EFE |
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