"Este es un proyecto de ley que propicia ampliamente la impunidad, sería un graso error que estemos aquí como aplaudiendo un adefesio jurídico, ético y moral que se pretende hacer ley", dijo Padrino. Agregó que "corresponde a una violación de la Constitución" porque "atenta contra el Estado de derecho" y "pone en tela de juicio" las sentencias emitidas por los tribunales de Justicia.
La amnistía, aprobada el 29 de marzo por el parlamento, procura beneficiar a opositores presos como el líder de la oposición radical, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, y al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de "conspirar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
A juicio de Padrino López, la aplicación de la ley "provocaría una descomposición institucional y moral en el pueblo" y "traería consecuencias nefastas" porque amenaza "la estabilidad de las instituciones democráticas".
"Esta ley propone borrar todos los delitos que se cometieron en traición a la patria" por lo que se atenta también contra "la disciplina de la Fuerza Armada", agregó.
La oposición y ONG's acusan a la Fuerza Armada de tomar partido en favor del Gobierno; aunque el presidente legislativo Henry Ramos Allup sostuvo el martes que un sector busca dar un golpe contra Maduro.
"La disciplina militar se destruye cada vez que usted subordina la FANB (Fuerza Armada) a una parcialidad política", escribió ayer en su cuenta de Twitter, Rocío San Miguel, experta en temas militares de la ONG Asociación Civil Control Ciudadano.
En tanto, la oposición recibió ayer el respaldo del Gobierno estadounidense. La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para América Latina, Roberta Jacobson, instó al Gobierno de a liberar a "los presos políticos", tras reunirse en Washington con Lilian Tintori, esposa de López.
En tanto, el nuncio venezolano Aldo Giordano informó ayer que la petición de apoyo a la Ley de Amnistía fue recibida por el papa Francisco, a quien los familiares de los detenidos pidieron interceder. En la misa de Pascua, el Pontífice pidió diálogo y reconciliación para Venezuela.
Maduro tiene plazo legal de diez días luego de recibido el texto, para pronunciarse sobre la iniciativa. No obstante, ya anticipó que no la vetará. Entonces, será el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el encargado de dirimir sobre la constitucionalidad de la norma. La máxima instancia judicial del país es considerada como aliada del Ejecutivo por la oposición.
| Agencias EFE, AFP y DPA |