Los ejecutivos obtuvieron el derecho a la prisión domiciliaria y tendrán que usar una tobillera electrónica para que puedan ser controlados, según determinó la Sala Segunda del Supremo Tribunal Federal (STF) por tres votos a favor y dos contra.
Los magistrados extendieron a ocho de los acusados por el gigantesco escándalo de corrupción el beneficio solicitado inicialmente en hábeas corpus por el presidente y propietario de la constructora UTC, Ricardo Pessoa, informó ayer la asesoría de prensa del tribunal.
Además de Pessoa, la medida beneficia también a José Ricardo Nogueira Breghirolli, Agenor Franklin, Mateus Coutinho y José Aldemário Filho, ejecutivos de la también constructora OAS; a Sergio Mendes, dirigente de la empresa Mendes Júnior; a Gerson Almada, ejecutivo de Engevix; a Erton Medeiros (Galvao Engenharia) y a Joao Ricardo Auler (Camargo Correa).
Además de la vigilancia con tobillera electrónica, los beneficiados, actualmente presos en las celdas de la Policía Federal brasileña en la ciudad de Curitiba, tendrán que presentarse ante un tribunal cada quince días.
La máxima corte también condicionó la liberación a que los acusados entreguen su pasaporte y a que se comprometan a no entrar en contacto con otros implicados en el proceso.
Los magistrados argumentaron que las órdenes de prisión preventiva que justificaron el arresto de los empresarios no pueden ser consideradas como sentencias anticipadas pese a la gravedad de los crímenes que son imputados.
Los ejecutivos fueron acusados de formar parte del cartel que pagaba millonarios sobornos para quedarse con los contratos de la petrolera por los presos que colaboran en la investigación a cambio de futuras reducciones de sus penas.
| Agencia EFE |
Dejá tu comentario