Piden camaristas se vigilen los fondos para las elecciones

Ricardo Lorenzetti y Alberto Dalla Via

La Cámara Nacional Electoral emitió ayer una acordada que establece un mayor relacionamiento con los organismos de control para lograr controles más estrictos al financiamiento de los partidos políticos.  

Los camaristas Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via requirieron la cooperación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

El objetivo es cruzar información financiera de los partidos con otros organismos, para prevenir el financiamiento ilícito de esas organizaciones y de sus respectivas campañas electorales.

Lejos de un estilo crítico, como sucede en otras dependencias, la Cámara, resaltó "los avances" que la Argentina logró en materia de "transparencia y control del financiamiento político partidario".

Recordaron que en sus "40 Recomendaciones", el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha establecido que "los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades competentes relevantes, entablen entre sí una coordinación a nivel interno" para la "implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos".

Recientemente el país fue retirado del listado de seguimiento continuo del GAFI que enviará represesentantes durante el mes de octubre.

En mayo pasado, jueces federales de Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero -que en las provincias tienen competencia electoral- advirtieron la posibilidad de que los fondos del narcotráfico se canalicen para financiar a los partidos.

La concreción de los acuerdos con los organismos de contról estatales le dará a la Cámara un mayor protagonismo, algo así como el primer paso para una instancia judicial cuya aspiración es, al igual que ocurre en otros países de la región, fiscalizar todos los procesos electorales, responsabilidad para la cual hoy en día el Gobierno contrata a empresas privadas que se encargan del recuento de votos.

La acordada se referencia en distintos párrafos con un paper de la OEA cuya redacción fue coordinada por Dante Caputo y que se titula "Política, Dinero y Poder. Un dilema para las democracias de las Américas". Sobre la base de ese documento los jueces sostuvieron que "el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero tienen una incidencia cada vez mayor en algunos países de la región" y que "uno de los problemas más serios que afronta el estudio de la financiación ilegítima de la política pública es su complejidad".

La acordada se suma a una serie de expresiones que desde el Poder Judicial se conocieron en los últimos días y que continuarán por lo menos hasta este viernes. El fin de semana Ricardo Lorenzetti volvió a manifestarse "procupado" por el avance del narcotráfico y a partir de hoy un grupo de jueces de tribunales orales federales se reunirán en Salta para debatir a puertas cerrados sobre esa misma temática.