Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques elevaron ayer el pedido. Juez Ercolini deberá definir la fecha para la audiencia. El rol de “garante” de Lázaro Báez y su hijo Martín.
Jueces. Julián Ercolini deberá definir el pedido de indagatoria a los Kirchner que le presentaron los fiscales Ignacio Mahíques y Gerardo Pollicita.
Antes de que se lance el tramo definitivo de la carrera electoral, la Justicia federal gatilló la última de las causas judiciales que involucran directamente a la expresidente Cristina de Kirchner y que aún no tenían una definición. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques -quienes impulsaron su procesamiento por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez- pidieron ayer su indagatoria y la de sus hijos Máximo y Florencia en el marco de la causa Hotesur. La citación de gran parte del entorno de la exmandataria es bajo el delito de lavado de dinero por los manejos en el negocio hotelero de la familia presidencial, lo que volvieron a relacionar como un retorno por la cantidad de licitaciones adjudicadas al titular de Austral Construcciones. Julián Ercolini, quien está centralizando la mayor parte de las causas en su contra, deberá definir su convalida y pedido y le pone fecha a su nueva cita en tribunales.
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El tándem de fiscales, cuyo llamado a la veintena de imputados estaba siendo preparado desde principios de año, consideró que mientras Báez y su hijo Martín era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz, el empresario garantizaba a los expresidentes (incluyendo a Néstor Kirchner) y a sus hijos, ingresos millonarios a partir del alquiler de sus hoteles, lo cual permitió a la entonces familia presidencial "aumentar notablemente su patrimonio".
El requerimiento cursado ayer a Ercolini alcanzó además al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; al socio inmobiliario de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; a Romina Mercado, presidenta de Hotesur SA y sobrina de la expresidenta; a Ricardo Albornoz, escribano de Báez; y a César Andrés, el contador del santacruceño, entre otros. Como delito precedente del lavado, los fiscales se remitieron a la defraudación al Estado nacional, a partir de la causa en la promovieron su imputación. Pero Hotesur también se encima con el expediente "Los Sauces", donde la expresidente y sus hijos ya están procesados como supuestos jefes de una asociación ilícita que habría cobrado sobornos a través de falsos alquileres. La causa es melliza en la modalidad de los hechos sospechados pero avanzó con mayor velocidad por parte del juez Claudio Bonadio, quien definió los procesamientos pero se declaró incompetente.
Los fiscales fundamentaron su pedido tras el análisis de maniobras en las que los Kirchner se hicieron de propiedades y fondos como cuando la Municipalidad de Río Gallegos entregó tierras fiscales a la familia por montos que no superaban los $130 mil, y que luego se revendieron por u$s2 millones a distintas empresas. También destacaron un préstamo que el propio Báez hizo en 2007 a Néstor Kirchner por u$s8 millones; y que también que recibió préstamos del Banco de Santa Cruz. En la acusación fiscal, tras la compra de Hotesur por los Kirchner (sociedad que explotaba el hotel Alto Calafate y por la que la defensa dice que sólo poseía el inmueble), fue vaciada y la administración del establecimiento fue puesta bajo el control de la firma Valle Mitre, de Báez. A partir de esa operatoria, hubo u$s86 millones que Valle Mitre aportó a Hotesur bajo concepto de canon locativo, que incluyeron no solo habitaciones en Alto Calafate, sino en otros hoteles como Las Dunas y La Aldea.
Pollicita y Mahíques destacaron que si bien Báez argumentó que los hoteles eran alquilados a empleados de sus empresas que trabajaban en esa zona, y no tenían residencia fija allí, muchas de las obras estaban ubicadas a unos 400 kilómetros de distancia, con lo que pusieron en duda la verdadera ocupación de esos alquileres. "Puede decirse que la subsistencia de la firma Valle Mitre para afrontar los compromisos contractuales asumidos con la familia Kirchner jamás hubieran podido garantizarse si no hubiese existido la inyección de fondos reseñada que en forma constante y sistemática canalizaban las mismas empresas adjudicatarias de obra pública vial que habían sido previamente beneficiadas desde el Estado nacional", apuntaron los fiscales en su dictamen. "El beneficio económico que finalmente era entregado a Hotesur no provenía de la actividad hotelera, sino del lavado de dinero y todo este esquema tenía por único fin darle apariencia de legalidad a los fondos que provenían de la obra pública", concluyeron desde la fiscalía para achacarle el delito de blanqueo de activos. Si Ercolini define ponerle fecha a las citaciones, la cuestión judicial se meterá de lleno en la campaña y su posible influencia es aún insondable.
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