Piden la captura de Gadafi y habilitan incursión terrestre

Conocida la orden de la CPI, disidentes del régimen se mostraron exaltados en su bastión, Bengasi, segunda ciudad de Libia.

 La Haya y Trípoli - La Corte Penal Internacional (CPI) emitió ayer una orden de arresto contra el dictador libio Muamar el Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe del servicio de inteligencia del régimen, Abdalá Al Senusi, en una decisión que podría configurar la antesala de una operación aliada de mayor escala en el país norafricano.

La decisión de los jueces fue recibida con escenas de júbilo en Bengasi, segunda ciudad del país y bastión rebelde, y en Misrata, a 200 kilómetros al este de la capital. Algunos exaltados efectuaron disparos al aire y muchas agitaron banderas monárquicas. «Se hizo justicia», afirmó el presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), órgano político de los rebeldes libios, el turbio, Mustafá Abdeljalil.

Los jueces de la CPI estimaron, en una audiencia pública en La Haya, que «hay motivos razonables para creer que Muamar el Gadafi, de forma coordinada con su entorno cercano, concibió y orquestó un plan destinado a reprimir y a disuadir a la población que se manifestaba contra el régimen y a aquellos considerados como disidentes del régimen».

En Trípoli, el nuevo ministro de Justicia libio, Mohamed al Gamudi, afirmó que se trataba de una «pantalla de la OTAN» para alcanzar al dirigente libio, y recordó que el régimen no firmó el Tratado de Roma, fundador de la CPI, por lo que «no acepta su jurisdicción».

Desde Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, estimó que la emisión de la orden de arresto contra Gadafi «es otra señal de su pérdida de legitimidad» y según el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, «recalca una vez más el aislamiento creciente del régimen». Por el contrario, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, que forma parte de los mediadores que buscan una salida al conflicto, se declaró «extremadamente decepcionado y preocupado» porque estima que la decisión de la CPI va a socavar la mediación.

El anuncio se produce cuando ya pasaron 100 días desde que se emprendió la campaña de OTAN y el conflicto parece estancado. «Para evitar que continúen ocultando los crímenes que se siguen cometiendo y que cometan otros, deben ser detenidos. Ésta es la única manera de proteger a los civiles en Libia», reaccionó el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo en un comunicado.

Según los jueces, hay motivos razonables para pensar que los tres hombres son responsables «como autores indirectos» de asesinatos, de persecuciones, constitutivos de crímenes contra la humanidad, cometidos por las fuerzas de seguridad libias, sobre todo en Trípoli, Bengasi y Misrata. Las fuerzas de seguridad «infligieron actos inhumanos a la población civil», según los jueces. La revuelta en Libia causó miles de muertos, según el fiscal de la CPI, y ocasionó el éxodo al extranjero de casi 650.000 libios y el desplazamiento en el interior del país de otros 243.000, según la ONU.

Hasta ahora, sólo un jefe de Estado en ejercicio, el presidente sudanés Omar al Bashir, era objeto de una orden de detención de la CPI. Buscado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur (Sudán), Bashir no reconoce la competencia de la CPI, a la que desafía regularmente.

Dependencia

La CPI, que entró en funciones en 2002, no dispone de una fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de las órdenes de arresto. Esta Corte tiene competencia en Libia en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad del 26 de febrero, algo que cuestionan las autoridades libias, quienes afirman que sus decisiones no le «conciernen».

La CPI es el primer tribunal internacional permanente encargado de procesar a los presuntos autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Agencias AFP, DPA, ANSA y Reuters, y Ámbito Financiero