Con aval de Cámara, es por sospecha de pago de sobornos del consorcio para obtener la obra. Antesala de indagatorias. Para extitular de IECSA es por más de $54 millones.
pedido. El embargo solicitado contra el extitular de IECSA, Ángelo Calcaterra deberá ser validado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi (derecha).
El capítulo local del caso Odebrecht arrojó la primera consecuencia económica de consideración como resultado de la investigación sobre los presuntos sobornos pagados en el país a cambio de acceso a grandes obras públicas por parte del gigante brasileño. El fiscal federal Franco Picardi solicitó ayer un millonario embargo contra Ángelo Calcaterra, exdueño de IECSA socia local para el soterramiento del Sarmiento- y además primo del presidente Mauricio Macri, lo que hace que la medida provoque además un cimbronazo político. A pesar de que resta que esas medidas cautelares las valide el juez Marcelo Martínez de Giorgi, es la antesala al llamado a declaración indagatoria de varios implicados, que incluyen exfuncionarios por lo que se supone fue la ruta para pagar las coimas y aplicar sobreprecios a una obra plagada de irregularidades.
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Picardi pidió embargar en $ 54.350.000 y por $4.350.000 al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exsecretario de Obras Públicas José López (ambos detenidos por otras causas) y al supuesto intermediario informal con el Ministerio de Planificación Federal, Jorge "Corcho" Rodríguez, junto a los directivos de Odebrecht. La investigación que falló en un primer objetivo de unificarse, apunta a determinar si existió pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella, y Comsa para acceder (de manera "direccionada") a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006. La recomendación cuenta con el aval de la Cámara Federal que sugirió este tipo de medidas de orden patrimonial. El pedido de Picardi impacta en las personas jurídicas, lo que le trae un dolor de cabeza a Sacde, el nombre que adoptó IECSA tras la compra realizada por Marcelo Mindlin de la empresa cuyo titular era Calcaterra. Al nuevo accionista el embargo le supone $10 millones, mientras que al controlante, Latifer, que se presupone que tiene por detrás a Calcaterra, unos $50 millones.
El fiscal se basó en los correos electrónicos intercambiados entre Manuel Vázquez presunto testaferro de Jaime- y Mauricio Couri Ribeiro -Director del grupo Odebrecht-, como los registros de transferencias bancarias entre las empresas "Klienfeld Services LTD" a "Pribont Corporation S.A." por el monto de u$s80.000 en el FirstCaribbean Internacional Bank. Tras repasar los alcances de la investigación por "Lava Jato" de Brasil, el fiscal recordó que la denunciante hoy diputada electa por Cambiemos Graciela Ocaña- aportó un informe reservado donde hay intercambios de correos comprometedores entre Couri Ribeiro y Javier Sánchez Caballero, desplazado de su histórica gerencia general de IECSA por los nuevos accionistas.
A cada uno de los 23 implicados, entre los que se cuentan Vázquez, Couri Ribeiro, Sánchez Caballero, "Corcho" Rodríguez y Flavio Bento Da Faría junto a otros ejecutivos de Odebrecht y de Ghella se les aplicó de manera individual embargos por $ 4.350.000 a cada uno. A Calcaterra, ambas sumas escalan a los más de $54 millones, siendo sobre el que recayó el mayor peso de la medida que deberá autorizar el magistrado.
Todo esto ocurre mientras la causa a cargo de Sebastián Casanello por la construcción de dos plantas potabilizadoras avanza en las indagatorias a los empresarios vinculados a la pata local de la obra. Rodney Rodrígues de Carvalho (otro de quienes tienen pedido de embargo por Picardi) declaró ayer en el expediente. El cronograma anticipa el plato fuerte dentro del empresariado criollo el 18 de diciembre, con la indagatoria de Aldo Benito Roggio. Cuatro días antes, Carlos Ben, extitular de Aysa deberá pasar por el juzgado. Esa ronda la clausurará el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y dueña de Esuco, Carlos Wagner el 19 de diciembre. Su situación procesal seguramente se resuelva ya entrado 2018.
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