Piñera promete el fin de los juicios a militares y sacude la campaña en Chile

Sebastián Piñera es claro favorito para las elecciones presidenciales del 13 de diciembre en Chile. De imponerse, terminará con dos décadas de primacía absoluta de la Concertación.

Santiago - El candidato presidencial de la derecha chilena, Sebastián Piñera, favorito en las encuestas, prometió que de llegar al poder se asegurará de que los juicios por violaciones de los derechos humanos contra ex militares no se eternicen. El proyecto generó una fuerte polémica, y el Gobierno de la Concertación lo intimó a que aclare si está proponiendo una ley de punto final.

Piñera se reunió privadamente el martes con un millar de ex militares, ante quienes se comprometió a no permitir que se prolonguen los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó un saldo oficial de más de 2.279 víctimas entre muertos y desaparecidos.

La campaña de Piñera no avisó a la prensa sobre esa reunión, y el candidato recién se pronunció públicamente ayer, cuando la polémica ya estaba desatada.

Garantía

Piñera, líder de las encuestas de cara a la elección presidencial del 13 de diciembre, señaló que en dicha reunión «he garantizado, como estoy dispuesto a garantizárselo a todos los chilenos, que en nuestro Gobierno vamos a velar porque el estado de derecho se aplique en integridad».

El objetivo es «que todos tengan derecho a un debido proceso y que a todos se les aplique correctamente las obligaciones que establecen nuestras leyes y nuestros tratados internacionales», agregó.

Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, el partido de Piñera, explicó la propuesta. «Se está pensando en acelerar los procesos y que los jueces tomen en cuenta los criterios habituales del derecho, entre los cuales está la prescripción», dijo.

En un comunicado, la agrupación Chile Mi Patria -que reúne a ex oficiales del Ejército retirados-, informó acerca del compromiso que asumió el candidato.

«Se refiere a la aplicación durante su Gobierno de la justicia cabal de un Estado de derecho -derecho a un juicio justo e imparcial, amnistía, prescripción- a nuestros prisioneros encarcelados y a los cientos de encausados de la Defensa Nacional en retiro, arrastrados a interminables juicios de derechos humanos», según el texto publicado en su página web.

«Esa situación él la reconoce como arbitraria, ilegal e injusta y atenta contra la paz y reconciliación nacional», agrega el texto, en referencia a los casi 700 procesos que la Justicia chilena mantiene contra militares retirados. En tanto, ya hay 60 ex uniformados condenados.

«El tema central que él mismo puso sobre el tapete y que motivó los mayores aplausos (en el encuentro), se refiere a la persecución, de procesamientos y condenados en cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la acción del terrorismo marxista», señaló en otro comunicado la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia.

En el encuentro, Piñera manifestó además su intención de que el Museo de la Memoria, que se construye en recuerdo a las víctimas de la dictadura, sirva también como homenaje a los militares y policías que murieron durante el régimen militar.

Críticas

El Gobierno, en tanto, instaló el tema en la campaña e instó a Piñera a pronunciarse sobre si está a favor de una ley de punto final. La Corte Suprema también criticó las palabras del postulante.

«No sé cuál es la profundidad de ese planteamiento, pues para que los juicios no fueran eternos habría que dictar alguna legislación de punto final, que yo no sé si esa es la intención», afirmó el vicepresidente Edmundo Pérez Yoma.

«Creo que en Chile se asegura a todos los ciudadanos el debido proceso y si alguien estima que ello no se produce debiera señalar caso por caso la situación particular. Creo que eso en Chile se respeta bastante bien», señaló el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica.

Amnistía

«Piñera se saca las caretas y se muestra como es, una persona de derecha, comprometida con la dictadura y las violaciones de derechos humanos», dijo Mireya García, de la agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

En Chile rige una ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Pinochet en abril de 1978 y que cubre los crímenes cometidos por militares desde setiembre de 1973, cuando se produjo el golpe contra el presidente Salvador Allende, hasta esa fecha.

A pesar del insistente pedido de familiares de víctimas de la represión, en 20 años en el poder el centroizquierda no ha tenido el peso político necesario en el Congreso para anularla. Con todo, la Justicia ha encontrado brechas en la norma, que en los hechos ya no es un obstáculo para las investigaciones.

Agencias AFP y EFE