Plañidera de oficialistas por coparticipación y contra cheque

Daniel Scioli

El Gobierno volvió a ganar tiempo ayer en su estrategia en pos de dilatar cualquier discusión respecto de ceder a las provincias mayor porcentaje de la coparticipación. No sólo frustró el debate en el Senado por el impuesto al cheque, sino que disciplinó a un coro de gobernadores en defensa de la propuesta de Néstor Kirchner de impulsar cambios en la Ley de Coparticipación Federal.

Fue un tironeo encarnizado que cruzó, por ejemplo, al antikirchnerista de Chubut, Mario Das Neves -fervoroso defensor de una mayor distribución del cheque- con el oficialista de Buenos Aires, Daniel Scioli.

El primero habló de «dignidad» y pidió a los senadores que piensen en sus pueblos y voten a favor del proyecto opositor, que planea coparticipar los $ 11.500 millones que ingresan al Estado en concepto de recaudación por ese tributo. Desde las antípodas, Scioli aseguró que su provincia debe recuperar los 6 puntos y medio de coparticipación que resignó, pero consideró que la reforma del cheque no es una solución «porque retroalimenta el problema».

Defensa 

Otro que calcó el argumento de la defensa fue el sanjuanino José Luis Gioja, de gira por estos días en Dinamarca desde donde dijo que «no puede haber provincia que ande bien en un país que ande mal». Y valoró la convocatoria de Kirchner para constituir una mesa de mandatarios para avanzar en un acuerdo por la reforma de la coparticipación.

El neuquino Jorge Sapag, por su parte, justificó la actitud del senador nacional por esta provincia, Horacio Lores, de impedir el tratamiento de la ley del cheque, y propuso la discusión de un nuevo pacto fiscal que «beneficie a todos y no sólo a las provincias grandes».

En la misma línea terció también el santacruceño Daniel Peralta, catecúmeno de la diatriba kirchnerista.

Proyecto

Esta semana se conoció el proyecto del mendocino Celso Jaque para modificar el actual esquema de reparto de los impuestos nacionales. El cuyano se jacta de que ese plan es el borrador que más entusiasma por estas horas al ex presidente y, por ende, el que obtendría el consenso de sus pares. El Gobierno, que sabe bien cómo administrar el tiempo para no morir en el intento, elastiza de esta manera el debate -que se presume estéril a las puertas de un 2011 electoral- en una estrategia de notoria antinomia.

Tras la modificación de la Constitución nacional en 1994, está pendiente una nueva Ley de Coparticipación, que debía haberse sancionado antes de diciembre de 1996.

La ley caducó a fines de 1984. Recién a principios de 1988, el Gobierno de Raúl Alfonsín logró aprobar una nueva norma de carácter transitorio ya que su vigencia estuvo limitada a tres años. Ese esquema estableció que del total de recursos nacionales recaudados, el 42,34% sería retenido por el Gobierno nacional y el 57,66% iría a las provincias. Según observan diversos economistas, «ese nivel de coparticipa-ción era el que reclamaban las provincias gobernadas por el justicialismo en 1986 y constituye el máximo valor histórico».

La Ley de Coparticipación es una ley convenio, por lo tanto necesita del acuerdo de todas las provincias para ser modificada. Luego de consensuados y aprobados, los cambios deben ser refrendados en todas las legislaturas provinciales.