Poco serio: Cámara anuló triunfo de Manzur en elección tucumana

El apoderado del PJ tucumano, Marcelo Caponio. El oficialismo provincial ya anticipó que apelará el polémico fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Tucumán - Una jornada de tensión política se vivió ayer en Tucumán, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió anular las elecciones generales provinciales del 23 de agosto último, en las que tanto el escrutinio provisorio como el definitivo dieron como vencedor al candidato del Frente para la Victoria (FpV), Juan Manzur, sobre el radical José Cano.

La Sala I de la Cámara envió un cédula de notificación a todas las partes intervinientes en la elección y a la Junta Electoral provincial en la que informó que decidió "hacer lugar parcialmente a la acción de amparo" presentada por el frente Acuerdo para el Bicentenario y declarar "la nulidad" de los comicios, "debiendo el Poder Ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones".

Ahora las partes tendrán 48 horas para responder el fallo dado a conocer anoche y podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En esa línea, desde el oficialismo se adelantó que Manzur, candidato del FpV y vencedor en los comicios, apelará hoy la medida.

El fallo, que lleva la firma de los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, es una clara afrenta al sistema republicano y a la propia democracia. Es inexorable que ambos sean sometidos a un proceso de juicio político no sólo por la carga simbólica de su escrito sino por las gravísimas infracciones que cometieron en su resolución.

Anoche, de hecho, el constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó que asesorará a las autoridades provinciales para denunciar a los dos magistrados por "obrar sedicioso". "Se desconoce de forma flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente", enfatizó.

Los camaristas se abogaron a derechos y potestades que sólo pueden ejercer la Junta Electoral de la provincia o la propia Corte tucumana. El único fin de cualquier fuero contencioso es el de regular la constitucionalidad de los actos administrativos del Estado. La materia electoral es una competencia ajena a esas cuestiones.

Al mismo tiempo, el propio Código Electoral sostiene que para anular una elección es preciso que la mitad de las mesas electorales se encuentren impugnadas. En Tucumán no hay todavía ni una sola mesa en esa condición de anomalía.

Ruiz y López Piossek no encontraron obstáculos para un fallo que, ante todo, vulnera el ejercicio del derecho a voto, un derecho cuya obtención se consolidó tras años de regímenes aberrantes, erigidos por fuera de cualquier marco legal. Alguna similitud de criterios podría detectarse: esos gobiernos que intervinieron empresas, sindicatos, medios de comunicación y universidades nunca intervinieron el Poder Judicial. Lo conservaron inmanente.

Manzur obtuvo un triunfo contundente sobre sus rivales, que ante el resultado sólo atinaron a hacer denuncias de una situación de fraude cuyo efecto ha sido incomprobable. Ese rasgo no ha sido un impedimento para que la Justicia exhiba el carácter más fáctico de su poder, que ayer se materializó a partir de un fallo violatorio de los preceptos más elementales.

De hecho, es conveniente, especialmente en aquellos candidatos que defienden en sus discursos la seguridad jurídica y el imperio de las instituciones, que tomen una distancia prudente del arrebato cometido por dos magistrados que incurrieron en una decisión trasnochada muy coherente por cierto con otras que tomaron a lo largo de sus carreras. Basta con observar los expedientes que acumulan ante el Consejo de la Magistratura para entender gran parte de la determinación que asumieron ayer por la noche.

Es esperable ahora que, dado este panorama irregular, la Corte tucumana tome cartas en el asunto y emita un fallo normalizador que ponga un límite a la sensación de anarquía que las instancias inferiores han generado motivadas por intereses de dudoso origen y ciertas maniobras de carácter espurio.

Corregir desviaciones de este tipo es la única alternativa posible para que el país se encamine hacia al desarrollo económico y la estabilidad política.