El frondoso prontuario que tenía el taxista asesinado el martes en la zona de Congreso despertó ayer una polémica sobre si las autoridades ejercen un efectivo control de los antecedentes penales de quien solicita la autorización para poder manejar un taxi y cuáles son los límites que se deben fijar para entregar una licencia.
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Desde el Ministerio de Justicia porteño aseguraron que los antecedentes penales de José Luis Rodríguez no fueron detectados al otorgársele el registro profesional a mediados de 2006 para conducir el taxi, puesto que en el certificado que deben presentar los solicitantes sólo figuran aquellos de los últimos cinco años.
Voceros del área señalaron además que, de haber figurado en el certificado de antecedentes penales alguna condena, igualmente se le concede el registro profesional puesto que la pena ya quedó agotada.
Por su parte, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, calificó el asesinato como «un hecho criminal en manos de un loco», y aseguró que se realizan todos los esfuerzos para atrapar al autor del crimen.
«Estamos trabajando fuertemente para dar con el asesino y hacerle pagar por eso», indicó el ministro, al tiempo que señaló que la Policía Federal intensificó los controles para tratar de dar con el autor del homicidio.
El ministro, en declaraciones radiales, aseguró que las fuerzas de seguridad «saben muy bien» lo que están buscado, porque es un hecho que fue realizado por las «manos de un tipo que está desquiciado».
No obstante, Fernández se encargó de resaltar que el asesinato del taxista «no tiene nada que ver con la llamada ola de inseguridad».
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