La ley fue propuesta por la presidenta Dilma Rousseff tras reportes de que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) espió sus emails y conversaciones telefónicas, al igual que las de numerosos brasileños.
La exigencia de almacenar los datos en Brasil es rechazada por las compañías de internet, que la ven como un obstáculo para sus servicios en la mayor economía de América Latina. Y la lista de escépticos incluye ahora también al principal partido político del país, aliado de Rousseff en la coalición de Gobierno, e incluso al autor del proyecto de ley.
La demanda de instalar centros de datos locales fue agregada a un proyecto de ley de 2011 que pretende proteger los derechos civiles y la privacidad de los usuarios de internet en Brasil y que podría ser votado en la Cámara baja del Congreso esta misma semana. Si es aprobada, la nueva ley podría impactar la forma en que Google, Facebook, Twitter y otras grandes firmas operan en uno de sus mayores mercados globales.
El sector dice que la medida no solucionaría el problema de la seguridad, puesto que los datos serían replicados también en servidores fuera de Brasil. Las empresas temen que, en cambio, eleve sus costos y limite su capacidad de ofrecer nuevos servicios en Brasil.
Pese a las críticas de grupos de presión internacionales, Rousseff insiste en que el Congreso vote lo antes posible el proyecto de ley, bautizado en Brasil como la "Constitución de Internet".
El autor de la propuesta, el diputado Alessandro Molon del Partido de los Trabajadores de Rousseff, se opone al requisito de los centros de datos.
"Existe mucha presión del Gobierno para que los centros de datos estén en Brasil", dijo un portavoz de Molon. Y agregó que éste está intentando negociar la exclusión de la controvertida propuesta de la ley.
El mayor partido del país Brasil, el del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), también se opone al requisito de la localización de datos, según su líder en la Cámara baja, Eduardo Cunha.
Cunha apoyó originalmente la propuesta de Rousseff, pero dijo que acataría la línea de su partido.
Cunha criticó duramente otro requisito del proyecto de ley, la de "neutralidad", a la que se oponen las empresas de telecomunicaciones pues les impediría cobrar precios diferentes según el uso de internet y la velocidad de descarga de datos.
Neutralidad
La neutralidad implica que los proveedores de acceso y reguladores no pueden restringir el acceso al contenido en la red. Más allá de esto, tras las revelaciones de espionaje de Estados Unidos basadas en documentos filtrados por el excontratista de la NSA Edward Snowden, la demanda de que las firmas de internet guarden sus datos en el país se volvió una prioridad política para Rousseff.
Enfurecida por los reportes de espionaje, la mandataria canceló una visita de Estado a Washington y denunció el masivo esquema de vigilancia electrónica durante un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Según Ronaldo Lemos, un profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro que ayudó a redactar la propuesta original, eso convertiría una ley modelo en un modelo de lo que no hay que hacer con la internet.
"Podemos terminar con una ley que renuncia a la neutralidad de la red y obliga a las compañías a tener centros de datos en Brasil", dijo. "Esto puede ser peor que el espionaje. Estaríamos dándole a un sector empresarial, las compañías de telecomunicaciones, el poder de decidir el futuro de la internet en Brasil", añadió.
| Agencia Reuters |
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