Por ley ya hay tope del 15% a venta de tierras a extranjeros

El Senado convirtió anoche en ley, con 62 votos a favor y 1 en contra, el proyecto que limita al 15 por ciento de la superficie nacional la posesión de tierras en manos de extranjeros, en el cierre del período de sesiones ordinarias. Si bien se trata de una iniciativa presentada por el kirchnerismo también el senador del justicialismo santafesino Carlos Reutemann defendió el proyecto al señalar que la Argentina «ha sido vista como granero del mundo, un granero ubicado en un suelo específico, y por eso es necesario protegerlo y dejarlo en manos de los connacionales».

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani consideró que esta ley «es un paso adelante» pero advirtió que «debe completarse con una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico». A su turno, el radical Mario Cimadevilla consideró que «la tierra debe ser privada de su carácter de mercancía, de ser objeto de mercado» y advirtió que esta ley «no evita que se trate a la tierra únicamente en su valor comercial».

«Esta ley únicamente está contemplando los aspectos especulativos pero no avanza en los aspectos productivos», agregó Cimadevilla. La ley establece que la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros no podrá superar el 15 por ciento del territorio nacional y se fija el mismo límite en relación con el total de tierras rurales de cada provincia y de cada municipio.

En el texto también se establece un límite máximo para una misma persona o empresa extranjera de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (el sector más productivo de la Pampa Húmeda) o de una extensión equivalente en el resto del país. Además, prohíbe al capital extranjero la titularidad de las tierras «que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes», así como «los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera».

La ley afecta a las personas físicas extranjeras que no tengan domicilio real en la Argentina y las personas jurídicas cuyo capital social en proporción sea superior al 51 por ciento.

El proyecto también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por ese ministerio e integrado por las carteras de Agricultura, Defensa, Interior, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y representantes de todas las provincias.

El tratamiento de esta ley en el Congreso había sido reclamada por la presidente Cristina de Kirchner en su discurso de asunción el último 10 de diciembre y tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados en abril pasado e incorporó modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por ejemplo, del 20% al 15% el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.

El senador nacional del GEN, Jaime Linares, expresó anoche en el recinto que: «Desde el FAP acompañamos el proyecto en general, porque consideramos que la tierra es un recurso estratégico, imprescindible y promovemos que su tenencia y uso coincida con el interés social, para el desarrollo de regiones».

«El apuro y la imposibilidad de agregar o modificar conceptos que mejoren la redacción, hacen que esta buena iniciativa tenga insuficiente alcance y no tenga buena calidad legislativa. En este tema hubiera sido posible alcanzar puntos de consenso. Si bien esta ley constituye un avance, es necesario promover el tratamiento de la ley de arrendamientos rurales, la ley de conservación de suelos, todos instrumentos complementarios que apuntan a redefinir las bases de una estructura productiva que garantice la inclusión social y la distribución de la riqueza».