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Por orden de un juez desalojaron 10.000 puestos de “La Saladita”
El operativo que estuvo a cargo de la Policía Bonaerense y de Gendarmería se hizo en total tranquilidad. Todos los puesteros fueron trasladados a un predio a 500 metros de allí.
El operativo fue en el marco de una decisión adoptada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a quien la Corte Suprema de Justicia le delegó la tarea de controlar el proceso de saneamiento del Riachuelo, y por el cual se liberaron 1.970 metros de camino de sirga.
El desplazamiento de efectivos comenzó alrededor de las 7 e incluyó camionetas, varios camiones volcadores y una grúa que se empleó para desarmar puestos de indumentaria, tecnología y otros artículos.
En ese predio, conocido como «La Saladita», funcionaban unos 10.000 puestos de venta ambulante y tras un consenso entre los feriantes
y las autoridades, se dispuso su traslado a la feria Urku-piña, que forma parte del complejo La Salada, y ya venía funcionando, tal cual informó ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo).
«El operativo consiste en el desmontaje de los puestos y las estructuras por parte de personal del municipio» de Lomas de Zamora, se informó mediante un comunicado desde el organismo.
En el operativo de traslado participaron unos 420 efectivos de Gendarmería para custodiar el perímetro, y unos 580 efectivos de la Policía Bonaerense para el seguimiento del procedimiento, el cual se realizó «sin inconvenientes y de forma pacífica», señaló la ACUMAR.
El predio liberado es el que está demarcado por las calles Isaac Newton y Antonio Machado, y con el cual se logrará dejar sin obstáculos la totalidad del camino de sirga en el partido de Lomas de Zamora.
Según el comunicado difundido por el organismo, hasta el momento fueron liberados unos 10.931 metros de camino de sirga que atraviesa los municipios de Avellaneda, Lanús, La Matanza y Lomas de Zamora, y la Ciudad de Buenos Aires. La liberación del camino es uno de los pasos del proceso de saneamiento de la cuenca que en 2008 ordenó la Corte Suprema en el marco de la «causa Mendoza».
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó, a través de un comunicado, que sólo la venta ilegal al público habría facturado $ 41.500 millones durante 2011, evadiendo impuestos por más de $ 10.000 millones. La cifra no incluye la venta intermedia, donde las dimensiones del comercio ilegal crecen abismalmente. Actualmente hay más de 55.000 puestos en ferias ilegales y manteros en las calles de grandes y pequeñas ciudades del país.
Por su parte, el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Lamacchia, calificó como «sumamente positiva» la medida dispuesta por el juez Luis Armella de desalojar unos 10 mil puestos de la feria «La Ribera»: «Es sano que se haya ordenado este operativo porque estos puestos carentes de infraestructura y orden han significado una perturbación al medioambiente», sostuvo Lamacchia, y pidió que se extiendan las clausuras a los otros puestos no lindantes al Riachuelo porque «más allá de avanzar en el tema ambiental, es necesario tomar otras medidas de carácter impositivo y legal que ordenen de una vez por todas este antro de evasión y piratería que significa La Salada».
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