Presión de la Corte al Congreso por nuevo diseño del Consejo

• FIJÓ EL 15-5 COMO FECHA PARA TRATAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTUAL DISEÑO DEL ÓRGANOConvocó al procurador para que dictamine sobre el actual esquema, declarado inconstitucional hace más de dos años. Debate parlamentario para nuevo modelo con más jueces y abogados recién empezaba.

Eduardo Casal

La Corte Suprema de Justicia envió una señal que oficiará de ultimátum para el Congreso Nacional, que no tendrá otro camino que apurar el tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con más jueces y abogados entre sus miembros. Los cinco ministros fijaron una fecha que opera como deadline: convocaron para el 15 de mayo al procurador general interino, Eduardo Casal, para que participe de la reunión de Acuerdo donde se tratará el caso donde se ha declarado la inconstitucionalidad de la actual integración del órgano de selección y remoción de jueces. Se trata de un expediente que hace casi dos años y medio viene con sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal siendo macerado por la Justicia y el Gobierno con intención de no provocar cimbronazos. En medio de un clima belicoso entre la Casa Rosada y un sector del Poder Judicial, la Corte decidió poner en agenda el tema con una fecha cercana, mientras recién se empieza a mover el mecanismo parlamentario previo al tratamiento del nuevo proyecto, ideado por los abogados.

El oficio que la Corte cursó a la Procuración establece que se invita al procurador con injerencia en la causa a participar el 15 del mes que viene a las 10 de la reunión de Acuerdos. En el mismo documento se le giraron las actuaciones para que se expida por la ratificación de la sentencia de inconstitucionalidad, o si pide revocarla. El caso fue iniciado hace 11 años por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Recién el 19 de noviembre de 2015, a días de que el kirchnerismo dejara el poder, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la reforma del Consejo que había sido impulsada por Cristina de Kirchner cuando era senadora, a través de una ley que redujo de 20 a 13 sus miembros. El tribunal consideró que había un desequilibrio entre los distintos estamentos, que le daba una preeminencia a los representantes políticos por sobre los abogados y los jueces. Ordenó, de inmediato regresar a la antigua integración de 20 miembros, con la presidencia del cuerpo en manos del titular de la Corte. La última jugada del Gobierno K fue apelar a la Corte, pero con la llegada de Cambiemos al poder se pidió dejar en suspenso los plazos procesales, sin retirar la apelación. Así permaneció más de un año hasta que la Cámara finalmente le pasó el tema a la Corte y el máximo Tribunal lo mantuvo debajo del radar con la promesa desde la política acerca de una versión correctiva para el proyecto.

Mientras tanto, el Gobierno tejió un eficiente sistema de alianzas con la actual composición y articuló con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el que preside Guillermo Lipera un nuevo plan que -con el tamiz del Ministerio de Justicia- llevaría a 16 los representantes consejeros, con más jueces y abogados en la nómina. Cambia requisitos y admite solo una reelección, entre otras reformas. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que preside Pablo Tonelli, recibió la semana pasada a especialistas y representantes de asociaciones y colegios públicos. Desde ámbitos jurídicos coincidieron en la necesidad de una reforma con mayor equilibrio, algo que, por lo bajo, la política resiste ante la imposibilidad de obtener algún rédito del nuevo reparto. Los jueces federales sí están interesados por la chance de sentar a un representante de Comodoro Py.

La jugada de la Corte precipita una determinación: si es ratificada la inconstitucionalidad, el único sistema vigente es el de 20 miembros (al que suplantó el de 13) y luego del naufragio de la elección popular de los consejeros, el segundo intento del kirchnerismo. Inexorablemente, el horizonte de un fallo supremo empujará al Congreso a aprobar un proyecto que, con matices, forzará también a un nuevo reparto de fuerzas y creará nuevas alianzas de poder.