Primera tarea: evitar males mayores. Luego, arreglar el mundo

El protagonismo del Grupo de los 20 tiene una clara razón de ser: evitar que la vorágine de la crisis instale una agenda negativa que haga trizas la integración productiva, comercial y financiera internacional y así cave un barranco aún más profundo. La experiencia de la Gran Depresión alienta los esfuerzos por mantener despejados los canales del diálogo y la cooperación; la realidad del auge previo de la globalización obliga a sumar nuevas naciones a los foros de discusión y , más adelante, también a sentarlos, con voz y voto, en la mesa de negociaciones. La paradoja más notable de la globalización en sus tiempos recientes -que sean los ahorros netos de los países emergentes los que financien al mundo desarrollado, en especial a los EE.UU., y no viceversa- es una muestra de la complejidad del ovillo que la crisis amenaza desenredar a los tirones, con gran brusquedad.

La tempestad azota una arquitectura de la economía y las finanzas que los últimos años se dedicó a voltear paredes y derribar medianeras y así ganó ingentes espacios. En tiempos difíciles, la tentación natural es protegerse de las inclemencias volviendo a levantar muros. No sólo en la búsqueda de aislar las contingencias que provienen del exterior; también con la intención de preservar dentro de las fronteras los beneficios de las políticas de aliento. Pese al discurso cooperativo en boga, todas las iniciativas públicas en danza -desde el voluminoso plan TARP, que maneja un presupuesto de 700 mil millones de dólares en los EE.UU., hasta el más modesto canje de bicicletas- están atravesadas, de forma más o menos abierta, por cláusulas que introducen un sesgo doméstico y con ello un desvío de comercio que puede motivar la discordia y la posterior represalia. Por ejemplo: a los bancos estadounidenses que reciben desembolsos del TARP se les restringe la contratación de nuevo personal extranjero. Pero, aun contemplando esos parches puestos de apuro, el sistema económico todavía se mantiene, en esencia, como se lo diseñó: muy poroso. En un mundo así, sin grandes barreras comerciales, con libre movilidad de capitales y tipos de cambio flotantes, no hay manera de garantizar que las políticas nacionales de incentivo a la demanda agregada no terminen estimulando el gasto extranjero. Y si la crisis no modera su rigor, es fácil anticipar las amenazas en ciernes. Crecerá la tentación de elevar aranceles y trabas a la importación, o de controlar los flujos de capitales o de forzar devaluaciones que mejoren la competitividad de un plumazo. Aquí talla la experiencia de la Gran Depresión. Construir represas que desvíen las aguas e inunden al vecino es promover una política de represalias con una enorme capacidad de acelerar la espiral de destrucción de la crisis.
Que la tarea crucial del G-20 sea evitar que el mundo adopte una agenda negativa, no significa negar la importancia de su propia agenda afirmativa. En ese vasto menú, hay platos para todos los gustos. Muchos se sirven fríos -como el énfasis tardío en cambiar regulaciones financieras y reforzar la supervisión o el embate contra los paraísos fiscales-, pero otros son relevantes para torcer el curso de la crisis actual y no sólo el de las próximas.
Si todos los países coordinan sus políticas de estímulo, el drenaje individual de cada programa no afectará la irrigación plena del conjunto y podrá compensarse limando susceptibilidades. De ahí, la pretensión anglosajona de que cada país se comprometa a impulsar un aliento fiscal no menor al 2% del PBI. En la misma inteligencia, las posibilidades de llevar a cabo políticas expansivas está limitada en los países emergentes por su acceso restringido a la financiación. No debería sorprender entonces que el G-20 pilotee con éxito una ampliación de la liquidez internacional. El expediente de aumentar los derechos especiales de giro luce sencillo y, por cierto, mucho más expeditivo que el aumento de capital del Fondo Monetario. La iniciativa se alinea, por ejemplo, con la implementación en tiempo récord de más de una docena de programas de swaps cambiarios entre la Fed y otros tantos bancos centrales de todo el globo. El mundo necesitaba dólares y la Fed, que los creó sobre la marcha, los puso a disposición aceptando diversas monedas locales en canje temporario. La Fed no titubeó en celebrar acuerdos con países fuera del G-10 como México y Brasil y tomar un potencial riesgo de crédito. Retacearlos en pleno crac financiero hubiera obrado como un búmeran. Son las mismas razones, sobre una base más permanente, las que abogan por ampliar la capacidad de préstamo de los organismos internacionales. Cuando se reúnan los líderes del G-20 en la cumbre del 2 de abril, deberían aportar novedades tangibles en este terreno.
No conviene, sin embargo, exagerar expectativas. Como siempre, cada país decide sus propias políticas. El G-20 carece de poder de veto. Si hay discrepancias relevantes se resolverán en forma bilateral fuera de su seno. Y mientras tanto, bajo la lógica del mínimo denominador común, quedan al margen de la agenda efectiva. Así la propuesta de Barack Obama y el premier inglés Gordon Brown, por coordinar una política fiscal más agresiva fue neutralizada por el eje Francia-Alemania. Ángela Merkel se pronunció tajante: «Si hay que subir la dosis de su esfuerzo, lo decidirá Berlín y no el G-20». Apostar a la cooperación internacional y no patear el tablero -aun siendo la mejor estrategia de ajedrez- no deja de ser una decisión soberana y que, como tal, se mantendrá o revisará conforme la óptica estricta de los intereses nacionales.