"Creemos que las reuniones fueron un importante primer paso en lo que esperamos que continúe siendo un proceso de negociación de respeto mutuo", dijo después el Gobierno en un comunicado.
Añadió que "la propuesta que presentamos es justa, equilibrada y reflexionada en función de la capacidad real del Estado Libre Asociado para pagar a nuestros acreedores a largo plazo".
El Gobierno planea mantener más reuniones "en las próximas semanas" para continuar con las negociaciones, tomando como base esta propuesta.
"Es nuestra esperanza que nuestros acreedores trabajen con nosotros en una solución que nos permita invertir en Puerto Rico y hacer crecer nuestra economía para que el futuro de la isla se construya sobre bases fiscalmente estables", añadió.
Diversos medios de comunicación estadounidenses han publicado que ese plan propone a los bonistas que acepten una quita, que de promedio ronda el 45%, a cambio de una mayor certeza de cobro, ya que en los actuales términos el Gobierno ya ha adelantado que no podrá devolverla íntegramente.
El pasado junio el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo que el conjunto de la deuda es "impagable" y que había tomado la determinación de incurrir en el impago para poder mantener la prestación de los servicios públicos y evitar así una crisis humanitaria en la isla.
Según lo publicado este fin de semana por The Wall Street Journal, la propuesta gubernamental implica el intercambio de distintos bonos -entre ellos las obligaciones generales respaldadas por la Constitución de la isla- por otros nuevos, de dos tipos, que conllevarían una quita acorde con los precios a los que se están negociando en los mercados y con la evolución de la economía en los próximos años.
Ahora el Gobierno de Puerto Rico, que acumula casi una década de crisis, tiene ante sí el próximo vencimiento de diferentes instrumentos de deuda en mayo, por valor de 400 millones de dólares, sin que las arcas públicas cuenten con suficiente liquidez para hacerle frente.
Por eso, en paralelo está negociando en Washington para que el Congreso federal le permita acogerse a la ley federal de quiebras, lo que daría un marco jurídico a las entidades públicas de la isla para reestructurar su deuda.
| Agencia EFE |


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