¿Qué esperar de la inflación?

El martes 14 de febrero el INDEC dio a conocer el dato del IPC de enero, el cual arrojó una inflación del 6% con relación al mes anterior. Esto implica una aceleración respecto del 5,1% que había registrado en diciembre, y dificulta seriamente las posibilidades de llegar a abril con una inflación en torno al 3%, objetivo que se había propuesto el Gobierno.

Desde el propio Gobierno marcaron que el “muy alto registro” responde principalmente a tres factores: i) fuerte suba en el precio de las frutas y verduras por factores estacionales y climáticos, ii) fuerte aumento en rubros regulados (tarifas de colectivos, gas, agua, telefonía celular e internet, medicina prepaga, etc.) y iii) aumentos en los servicios de turismo, a raíz de la temporada de vacaciones.

Si bien es cierto que la aceleración estuvo impulsada por el segmento de “regulados” (7,1%) y “estacionales” (7,9%), el IPC Núcleo (sin regulados y estacionales) tuvo una variación del 5,4% y muestra serias dificultades para perforar el 5%.

En este contexto, el Gobierno afirmó que el objetivo es que las tasas mensuales de inflación se acerquen al 3% hacia fin de año, y que la tasa anual ronde el 60%, tal y como se proyectó en el Presupuesto 2023. ¿Esto es posible?

La respuesta es que es posible pero poco probable. A modo de ejemplo, y para graficar lo ambicioso de ese objetivo: si la inflación fuese del 4% mensual desde febrero hasta diciembre el 2023 cerraría con una inflación superior al 63%; si fuese del 5% la inflación del año superaría el 81% y si mantuviera el 6% que registró en enero la anual superaría el 101%. Es decir, para que la inflación del 2023 esté en torno al 60% debería acercarse al 4% en los próximos meses, y eso depende de numerosos factores, tanto de política económica interna (fiscal, monetaria, cambiaria, acuerdos de precios, etc.) como del contexto internacional (precio internacional de fletes, energía, commodities, tasa de interés internacional, etc.).

Desde el punto de vista macroeconómico la política fiscal y monetaria deben seguir la hoja de ruta pactada con el FMI: reducción del déficit fiscal, limite a la emisión monetaria y tasa de interés real positiva.

La política cambiaria debe evitar a toda costa una devaluación brusca del tipo de cambio nominal. Dados los controles cambiarios vigentes no es esperable que esto ocurra, pero las tensiones cambiarias se trasladan a la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos que también tiene impacto (aunque menor) sobre los precios.

Las reservas internacionales son escasas, la proyección de exportaciones empeora día a día por la sequía y este año hay pagos netos al FMI por casi 1.900 millones de dólares. La escasez de reservas la pagará la disponibilidad para importar, lo cual tendrá efectos sobre la actividad económica y sobre la inflación si las empresas utilizan dólares propios para importar.

La deuda en pesos agrega un factor más a la incertidumbre general. El rollover mensual es incierto hasta último momento, y a corto plazo, con límite en las elecciones generales de este año. Los dichos de la oposición refiriéndose al “Plan Bomba” y la posibilidad de defaultear esa deuda en caso de acceder al Gobierno el año que viene (como lo hicieron en 2019) son errados técnicamente, pero profundizan el problema. De cara a las elecciones es esperable que la incertidumbre aumente y esto puede generar mayores tensiones en el plano financiero y cambiario.

Por otro lado, para alcanzar el objetivo del 60% de inflación en el año es imprescindible administrar la inercia de la inflación y la puja distributiva. Los programas de precios resultaron efectivos los primeros meses de vigencia, especialmente en noviembre del año pasado cuando el rubro de alimentos aumentó un 3,5%, aunque dicha desaceleración también se debió a factores estacionales, en particular en la dinámica de los precios de la carne y la verdura. En enero, la estacionalidad jugó en sentido contrario y el rubro de alimentos y bebidas aumentó un 6,8%. Es necesario aumentar el monitoreo para mejorar el cumplimiento de los acuerdos y ampliar la canasta de precios alcanzados por los programas con un sendero de aumentos máximos permitidos decrecientes. En este sentido se orientaron los últimos anuncios del Gobierno.

A fines de enero el Gobierno había anunciado la ampliación del programa Precios Justos hasta el 30 de junio y la inclusión de nuevos sectores que no podrán aumentar los precios por encima del 3,2% promedio mensual, alcanzando así a 15 sectores de la economía (Consumo Masivo, Indumentaria, Calzado, Hogar, Construcción, Celulares, Pequeños electrodomésticos, Educación, Canasta Escolar, Insumos industriales, Textiles, Motos, Bicicletas, Medicamentos y Venta por catálogo).

El lunes 13 de febrero el Ministerio de Economía anunció una serie de medidas para contener los precios de la carne, entre las que se destacan: i) bajar en promedio un 30% el precio de 7 cortes de carne (asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado) y mantenerlos hasta el 31 de marzo, para luego tener un tope de aumento máximo del 3,2% hasta el 30 de junio, en línea con el programa Precios Justos; ii) reintegros en carnicerías del 10% todos los días con tarjetas de débito y crédito y del 35% sábados y domingos con tarjetas de débito y crédito del Banco Nación; iii) beneficios para las carnicerías que se sumen al programa (prórroga por 90 días en el pago del impuesto del régimen simplificado o del IVA para los comercios inscriptos y posibilidad de tramitar la exención en Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires), iv) subsidios hasta el 40% para el alimento de los animales en feedlot, apuntando a aumentar la oferta disponible.

La particularidad de este proceso de desaceleración inflacionaria es que está acompañado por cambios en los precios relativos. En febrero habrá nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, celulares, internet, combustibles, prepagas, etc. Si bien es necesario que las tarifas de servicios públicos aumenten (siempre con un criterio progresivo) para continuar con la reducción de subsidios y del déficit fiscal, en los hechos estas subas limitan el proceso desinflacionario.

Finalmente, para alcanzar el objetivo del 60% de inflación en el año es necesario que acompañe el contexto internacional. Esto incluye la paulatina desinflación en los costos de fletes y GNL y los commodities en general. En relación a los bienes agropecuarios hay una tensión entre el valor de las exportaciones y los precios internos. Si el precio internacional aumenta genera un aumento de las exportaciones, pero también impulsa al alza los precios internos, y viceversa.

Las estadísticas internacionales indican que el precio de fletes comienza a ceder y el costo de la energía se retrotrae a valores previos al estallido de la guerra en el este europeo. Sin embargo, el efecto sobre el costo importado en la Argentina todavía no se hizo sentir. En la medida que se normalice tal desajuste habrá una plataforma más favorable para la disminución de los costos de importación y la desaceleración inflacionaria.

En cambio, en los Estados Unidos la inflación de enero fue del 6,4% interanual, mayor a la esperada y funcionarios de la Fed no descartaron nuevos aumentos en la tasa de interés, que sigue siendo negativa en términos reales. Esto podría generar mayores tensiones en el plano cambiario y menor crecimiento mundial, afectando las ya golpeadas exportaciones argentinas.

En resumen, el dato de inflación del 6% mensual en enero fue un golpe a las expectativas del Gobierno de llegar a abril con una inflación cercana al 3%. Si bien mantiene el objetivo de terminar el 2023 con una inflación de 60% en el año, éste parece demasiado ambicioso. Su cumplimiento depende de una gran cantidad de factores, muchos de los cuales exceden la política económica, y que no están en absoluto garantizados.

(*) Economista. UBA-Conicet.