¿Quién finalmente ayuda a quién?

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Las autoridades anunciaron la eliminación de los subsidios a gente pudiente. Y les alentaron a renunciar voluntariamente a los que están recibiendo. El tema es importante. El Gobierno nacional pagó por subsidios 100.000 millones de pesos a los privados, en 2011, una cuarta parte del total de su gasto corriente. La idea fue aplaudida por muchos que, supongo, habrán renunciado al beneficio.

Sin embargo, las cuentas no son claras. Los contribuyentes pagaron unos 400.000 millones de pesos por impuestos y contribuciones a la seguridad social estatal, en 2011. Ese monto el Estado lo gastó en diversas prestaciones: educación, salud, seguridad, jubilaciones, entre otras. No obstante, mucha gente paga de su bolsillo por la educación privada, la salud, seguridad de sus familias. Es decir que no reciben buena parte de los servicios que pagan al Estado. Un subsidio claro de los privados al Estado.

Es más, el Estado encarece artificialmente muchos bienes. Por ejemplo, a los competidores de Aerolíneas Argentinas no les permiten ofrecer sus servicios libremente, dando a la empresa estatal una ventaja sustancial y encima le subsidia quebrantos e inversiones. En este caso, tanto los pudientes como los menos afortunados, aún los que nunca subieron a un avión, pagan el despilfarro en Aerolíneas a través de sus impuestos y contribuciones.

Más grave y directo a esta cuestión es el descalabro en la producción de energía. Con sus reglas cambiantes, el Estado genera una incertidumbre mayúscula en el sector. La consecuencia: las empresas no tienen un horizonte claro ni rentabilidad para sus inversiones. Por eso exploran y producen menos de lo necesario. Por el gas que producen en el país, las empresas cobran unos 2,5 dólares el millón de BTU (unidad de medida del gas entregado), menos de la cuarta parte de lo pagado por el gas de Bolivia (10 dólares) y menos de un quinto de lo pagado por el gas licuado que llega por barco (entre 13 y 18 dólares). Contrariando toda la política de promoción industrial, pagamos más por lo importado que por lo producido en el país. Pagamos más a los extranjeros que a los nacionales.

Con una política fundamentalmente diferente, de plena seguridad de los contratos y propiedad privada, EE.UU. incrementó fuertemente su producción de gas, con precios libres y certidumbre de contratos. Sin alteraciones continuas de reglas, aprovechando nuevas tecnologías y descubrimientos. Gracias a ello, al ambiente de reglas estables y transparentes, el precio del gas en ese país es similar al que reciben nuestros productores de gas, menos de la cuarta parte de lo que pagamos por el gas de nuestra vecina Bolivia. A pesar de que EE.UU. también importa gas, el año pasado aproximadamente un 20%. La diferencia es que EE.UU. con libertad y seguridad jurídica se está acercando al autoabastecimiento, desarrollando nuevos yacimientos. Cada vez importa menos, al tiempo que la competencia reduce el costo del gas, acercándolo al precio que acá pagamos a los productores locales. Así, desde 2008, el precio del gas bajó un 80%.

De tal modo, la propuesta de eliminar los subsidios, que exponen las autoridades, conlleva que nos hagamos cargo: que subsidiemos políticas totalmente desafortunadas. Los subsidios que contabiliza el Gobierno son la diferencia entre lo que pagamos y los costos inflados por la ineficiencia y falta de competencia. Con libertad de contratación pagaríamos menos dólares por el monto importado e importaríamos mucho menos, pues los productores locales lograrían ingresos mayores incrementando el abastecimiento. La razón del éxito de EE.UU. en el aumento explosivo de la producción de gas está en el incentivo de reglas de juego estables y respetadas. Nuestro retroceso es consecuencia de normativas caprichosas y volátiles.

Los gobernantes no han sido elegidos para intervenir en el suministro de los bienes privados. La función del Gobierno es ocuparse de los bienes públicos, la seguridad, relaciones exteriores, salud pública, educación, justicia, etc. Cuando los funcionarios intentan interferir en las decisiones privadas, en la producción y comercialización, meten la pata, entorpecen la generación de valor. Es muy fácil comprobarlo. No existe país rico ni economía pujante donde no se respete la propiedad privada, la libertad de los mercados y las reglas de juego sean inciertas. Con todas las dificultades por la crisis actual, el ingreso por habitante en los países avanzados es cuatro veces superior al promedio de los argentinos. El Muro de Berlín cayó porque los oprimidos de Europa oriental no aguantaron más las interferencias de sus funcionarios. No es un problema de personas sino de sistemas.

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